Comisión del Senado despacha reforma a Notarías: no serán designados por el Poder Judicial

Tras meses de compleja tramitación, la Comisión de Constitución del Senado terminó de votar el proyecto que reforma el sistema registral y de Notarías, trasladando la selección de notarios desde el Poder Judicial al sistema de Alta Dirección Pública.

Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, recordó el efecto que tendrá en el régimen de designación y también de fiscalización de notarios y conservadores de bienes raíces.

“Por fin ha sido despachado el proyecto de notarios y conservadores, muchos creían que no era posible en la Comisión de Constitución y ya va a ir a Sala en el Senado para el segundo trámite”, resaltó.

“Es una reforma muy significativa, ha hecho un cambio muy relevante al régimen de nombramientos (…) ha excluido explícitamente al Poder Judicial de cualquier etapa del proceso de designación de notarios y conservadores”, enfatizó el ministro Cordero.

La senadora UDI, Luz Ebersperger, destacó que el marco que se ha planteado da mayores garantías de transparencia, pero al mismo tiempo reconoció que el proyecto de reforma a Notarías terminó haciendo cambios menos estructurales de lo que inicialmente se pensó.

“Es una modificación importante, no tan estructural como la que originalmente se planteó. Es un proyecto bastante largo”, sostuvo.

“Lo más relevante es que se cambió todo el sistema de nombramientos, que era uno de los temas más cuestionables, y se aclaró el tema de la tarifa”, añadió.

Asimismo, el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, advirtió que el proyecto podría llegar a comisión mixta.

“Hay un amplio consenso, va a haber seguramente una Comisión Mixta para ver algunas discrepancias que pueden haber ocurrido con la Cámara de Diputados”, señaló.

“Debe ser de los proyectos más complicados de tramitación, la resistencia al cambio, la resistencia durante años de años, décadas de décadas, a modificar un sistema”, concluyó.

Cabe resaltar que uno los asuntos que quedó fijado en el proyecto, es una disposición que señala que el Ministerio de Justicia deberá establecer mediante decreto fundado, previa consulta a la Fiscalía Judicial, los precios máximos a cobrar por cada servicio. Este decreto tarifario deberá ser actualizado a lo menos cada dos años.