Las asociaciones de funcionarias y funcionarios del Ministerio Público se declararon en “estado de alerta” por la crisis de seguridad pública y por la tramitación de un proyecto de fortalecimiento de la Fiscalía.
Argumentando el contexto de la crisis de seguridad, hicieron un llamado al Congreso -y especialmente a la comisión de Constitución del Senado- para “trabajar con urgencia en la aprobación del proyecto”.
Esto, pues “es parte de un grupo de iniciativas financiadas por el gobierno en materia de seguridad y que busca reforzar el sistema de justicia con el aumento de la dotación de funcionarios y de fiscales adjuntos”.
Aún así, acusaron que la discusión se ha visto afectada por el ingreso de indicaciones que se alejan del fortalecimiento y que “buscan introducir cambios estructurales en el Ministerio Público”.
“Estado de alerta” y polémica por indicaciones
En ese sentido, ejemplificaron con una propuesta del senador Pedro Araya. En concreto, se trata de “ampliar la facultad para la desvinculación de funcionarios (…) con el claro propósito de generar vacantes en la planta y permitir la instalación de operadores políticos”.
“Propones mecanismos que vulneran la estabilidad laboral cuando los esfuerzos del gobierno apuntan hacia el fortalecimiento de los equipos investigativos, es una contradicción”, acusaron.
Agregando que, a la vez “se introducen indicaciones que establecen facultades exorbitantes para el Fiscal Nacional y mecanismos que atentan contra la autonomía constitucional del Ministerio Público”.
La respuesta desde el Congreso
Sobre eso, el senador Pedro Araya respondió que “hay un diagnóstico bastante compartido respecto a que uno de los problemas para mejorar la persecución penal dice relación con la estructura orgánica del Ministerio Público”.
“Quiero hacer un llamado a los distintos funcionarios del Ministerio Público, así como las asociaciones gremiales, a tener calma y tranquilidad respecto de lo que se está discutiendo”, complementó.
Agregando que la indicación en cuestión y “que está haciendo tanto ruido”, busca “hacerse cargo de una realidad práctica: en el caso del Ministerio Público, sólo se puede desvincular a los funcionarios en el mes de marzo”.
“No conozco algún servicio público, o alguna empresa privada, que establezca limitaciones de época respecto de cuándo se puede despedir o no a un trabajador que no está haciendo bien la pega (…) quiero hacer un llamado a la tranquilidad a los funcionarios del Ministerio Público y a no levantar falsas alarmas en un tema que es altamente sensible”, cerró.
En la misma línea, la senadora e integrante de la comisión en cuestión, Luz Ebersperger, dijo que son “bien bien infundadas las críticas. Nosotros estamos tratando con la celeridad que requiere”.
“Es muy importante, que se le ha dado prioridad y las indicaciones tienen por fin precisamente mejor el proyecto (…) efectivamente hay que darle más atribuciones, más facultades, se la va a dar mayor dotación”, añadió.
Finalmente concluyó que “hacer la crítica que se señala es no conocer cómo se tramita un proyecto de ley en particular. Las leyes tienen que salir buenas, si uno lo hace apresuradamente -por muy urgente que sea- el riesgo es alto a equivocarse”.
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