Oficialismo tilda de "excesiva" la solicitud de renuncia a fiscal Chong tras revés en caso Pío Nono

En el oficialismo califican de “excesiva” la solicitud de la oposición a la fiscal Ximena Chong para que renuncie al Ministerio Público luego de la derrota judicial tras la investigación del llamado Caso Pío Nono.

En la derecha acusan sesgo ideológico en las investigaciones lideradas por la persecutora de Alta Complejidad Centro Norte, relativas a labores policiales y de orden público.

Luego de que el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago absolviera de manera unánime al ex cabo de Carabineros, Sebastián Zamora, acusado de homicidio frustrado en contra de un joven de entonces 16 años en octubre de 2020, voces de la oposición han solicitado que la fiscal a cargo de la investigación, Ximena Chong, de un paso al costado del Ministerio Público.

Las críticas de la derecha apuntan principalmente a una animadversión contra los funcionarios policiales, a quienes Chong, según los parlamentarios, ve como “enemigos políticos”.

El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, indicó que la “obstinación” de la fiscal Chong en el curso de la causa hacen dudar de sus capacidades para el cargo, añadiendo que la fiscal debe renunciar “inmediatamente”.

Oficialismo acusa a la derecha de entrometerse en poder autónomo

Sin embargo, en el oficialismo han salido en defensa de la persecutora, acusando que dicha solicitud es excesiva. Así lo hizo la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, quien afirmó que la derecha se está “entrometiendo” en un poder autónomo.

A su juicio, el requerimiento es “excesivo” porque trata de “alinear a todos los poderes del Estado a la postura que tenga la derecha”.

En el Partido Comunista, la diputada Nathalie Castillo dijo que la solicitud de renuncia de la fiscal Chong no corresponde en un Estado de Derecho.

Cabe recordar que fue en 2021 cuando la fiscal Ximena Chong asumió la investigación en contra del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien la fiscalía lo acusa de apremios ilegítimos durante el llamado “estallido social”, año en el que ejercía como general inspector a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros.