El pasado 9 de abril, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, confirmó el ingreso de una iniciativa para que las próximas elecciones municipales y regionales se realicen el sábado 26 y el domingo 27 de octubre.

A tres meses de aquello, algunos detalles ya están zanjados: la eliminación de la Ley Seca, la utilización del lápiz pasta azul y la ampliación del transporte público. Sin embargo, existen nudos como las multas por no sufragar, el feriado irrenunciable y el reembolso para los candidatos que han puesto en una suerte de limbo al plan de La Moneda.

En concreto, la Cámara y el Senado no lograron llegar a un acuerdo en estas materias, por lo que se conformó una comisión mixta —con cinco integrantes de cada instancia— para intentar resolver las diferencias.

A pesar de ello, las desavenencias no lograron disiparse en esta mesa de trabajo. Una advertencia del Ejecutivo, que insistió en modificar la palabra “electores” por “ciudadanos” al legislar sobre las multas, volvió a dividir posiciones. ¿El resultado? El Senado terminó por rechazar el informe de la comisión y el Gobierno anunció un veto presidencial.

Pero aquello no es todo, ya que los diputados Gonzalo Winter (FA) y Camila Musante (IND-PPD) volvieron a calentar el ambiente. El primero levantó la tesis de que un proyecto con sanciones monetarias es “antipobres”, mientras que la segunda recurrirá al Tribunal Constitucional para reponer el feriado irrenunciable para el comercio.

¿Se vuelve voluntario? El voto obligatorio sin multa

El primer trámite de la reforma electoral que permite realizar las elecciones municipales y regionales en dos días fue en el Senado. En esta etapa se aprobó el pasado 5 de junio, aunque lo más llamativo ocurrió en el paso siguiente.

Casi un mes después, la Cámara despachó el proyecto con una modificación clave: dejó el voto obligatorio, pero sin multa. El diputado Vlado Mirosevic (PL), uno de los impulsores de dicha novedad, señaló que el techo que se proponía —cerca de $200 mil— era una “sanción draconiana”.

Por otra parte, se rebajó el reembolso económico que reciben los candidatos por cada sufragio, pasando de $1.500 a $970.

Producto de estos cambios, la iniciativa debió ser revisada nuevamente por los senadores, quienes le cerraron la puerta a unas elecciones obligatorias sin castigo monetario.

“El voto obligatorio sin multa tiende a comportarse como voto voluntario. Es decir, en la primera elección sin multa bajará un poco la participación, pero ya en el segundo proceso es como si volviéramos derechamente a las elecciones antes de 2021”, sostuvo Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma.

Estas cifras fueron detalladas por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca. “En promedio, la participación electoral entre 2012 y 2021 bordeó el 45%. Incluso, en la elección municipal de 2016 votó el 35% del padrón solamente. En cambio, con voto obligatorio, el promedio de las tres elecciones que hemos tenido es superior al 84%”, explicó.

Las disputas entre la Cámara y el Senado dejaron todo en manos de una comisión mixta, que fijó en $131.000 el tope de las multas. A pesar de aquello, votos oficialistas fueron claves para rechazar el informe emanado por esta instancia. ¿El problema? Los extranjeros que no están nacionalizados.

“Electores” vs. “ciudadanos”

La subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, lideraba las negociaciones para que las indicaciones de La Moneda prevalecieran en el documento que debía redactar la comisión. En un determinado momento, el ministro Elizalde irrumpió en el debate y alertó de una situación que no se había puesto sobre la mesa hasta entonces.

El exsenador socialista pidió que las multas no fueran aplicada a todos los “electores”, sino sólo a los “ciudadanos”. ¿Por qué? Ya que dentro de los electores también se encuentran los extranjeros avecindados hace cinco años o más en Chile.

Si bien estos no tienen la obligación de acudir a votar, el proyecto los incluía dentro de quienes podrían recibir sanciones por no concurrir a las urnas.

Nerea Palma, cientista política de la Universidad Diego Portales e integrante de la Red de Politólogas, afirmó que “Chile es uno de los pocos países en donde personas que todavía no son ciudadanas pueden votar. Hay otros casos contados como Uruguay y Nueva Zelanda”.

“Cualquier modificación en esa línea es tremendamente llamativa, porque es un consenso que se ha alcanzado. Me imagino que el discurso sobre la inmigración y la seguridad hará que estas medidas vuelvan a revisarse, lo que pone en riesgo la alteración del padrón electoral”, agregó.

Con todo, la advertencia de Elizalde no fue atendida por la comisión, por lo que el oficialismo decidió rechazar su informe en el Senado.

“Uno como ciudadano piensa por qué lo hicieron a última hora. Si era un tema tan importante, por qué no lo dijeron al comienzo de la tramitación del proyecto. Sorprende que ahora el Ejecutivo haya salido con esta interpretación de electores y ciudadanos”, indicó Marco Moreno, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central.

Tras este resultado, surgió una duda en la escena política respecto al voto extranjero. ¿Favorece la participación masiva de inmigrantes a los candidatos de centroderecha?

“Suponemos que los venezolanos que pueden votar tendrán una mayor inclinación a no votar por la izquierda, ya que vienen huyendo de un país en donde gobierna la izquierda radical. Pero esto es en una elección en particular y no quiere decir que siempre voten de esta forma, ya que no hay evidencia para afirmar eso”, expresó Moreno.

Por otra parte, Mauricio Morales aseguró que “los datos que reportó la última encuesta Panel Ciudadano de la UDD muestran que los extranjeros son más proclives a respaldar candidaturas de centroderecha y, especialmente, de la derecha representada por José Antonio Kast”.

La tesis “antipobres” del diputado Winter (FA)

Desde que el Servicio Electoral emitió un informe técnico que advertía la necesidad de votar en dos días por la cantidad de cargos a elegir —alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales—, la idea comenzó a recibir críticas.

Por ejemplo, la alcaldesa de Providencia y posible candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseveró que “la posibilidad de fraude es enorme”. En la misma línea, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, opinó que “existe una duda razonable de que puedan desaparecer urnas”.

Pero esta no fue la única tesis que resaltó en los distintos debates. El pasado miércoles, el diputado Gonzalo Winter (FA) exclamó que un proyecto que establece multas “es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por lo participar de nuestra fiesta”.

Este mensaje, que fue acompañado de una fuerte crítica al modelo neoliberal, no recibió el respaldo del oficialismo. El ministro Álvaro Elizalde dijo “no compartir los términos”, mientras que diferentes parlamentarios optaron por tomar distancia.

Diferentes analistas también se alejaron de los dichos de Winter, asegurando que el voto obligatorio frena el “sesgo de clase” que provoca el sufragio voluntario.

“Lo que dice el diputado Winter es justamente al revés. El voto obligatorio se requiere para garantizar que la voz de los sectores pobres sea escuchada. Él circunscribe la cuestión al tema de la multa, pero eso es lo menos relevante, porque la discusión de fondo es si queremos voto obligatorio o voluntario”, expuso Marco Moreno.

En ese sentido, añadió que “el voto voluntario hace que los políticos tiendan a legislar para favorecer a esos sectores o grupos con los que llegaron al poder. El voto obligatorio corrige eso, ya que tienes que hablarle a todos los sectores y no sólo a los más acomodados”.

En tanto, Tomás Duval cree que estas declaraciones “no están a la altura de un diputado. El voto voluntario lo que hacía era que en Lo Barnechea o en Las Condes votaba sobre el 70%, mientras que en La Pintana o Puente Alto votaba el 30%”.

Elecciones sin feriado irrenunciable

Como si esto fuera poco, la diputada Camila Musante (IND-PPD) buscará llevar el proyecto de elección en dos días al Tribunal Constitucional, ya que se eliminó el feriado irrenunciable para el comercio.

De acuerdo a la legisladora, se vulnera un derecho laboral de los trabajadores, ya que “van a tener que enfrentar una situación que, en la práctica, les hace imposible ejercer su derecho a votar”.

Aquello fue respaldado por los diputados Luis Cuello (PC) y Ana María Gazmuri (AH). El primero señaló que “acá se aprobó una norma de contrabando que priva a los trabajadores de un derecho adquirido, de una conquista que está siendo hoy día burlada a través de esta modificación legal”.

Por su parte, la representante de Acción Humanista expresó que “nos parece inaceptable que más de 400 mil personas se vean impedidos de ejercer su derecho a votar. Si un sector importante de la fuerza de trabajo en nuestro país queda marginada, sin duda estaremos fracasando en profundizar la democracia”.

Esta materia podría ser parte del veto presidencial que presentará el Gobierno para reincorporar algunas medidas al proyecto original.

“El detalle técnico lo vamos a entregar una vez que se haya realizado el estudio correspondiente”, afirmó el ministro Elizalde, evitando adelantar el detalle de esta acción. Sin embargo, la reposición de la multa para aquellos que no voten será otro de los elementos claves.

El reloj juega en contra del Ejecutivo, puesto que el próximo 29 de julio deben quedar saldadas todas las candidaturas.