Hasta la Fiscalía Regional de Antofagasta, concurrió la mañana de este viernes la diputada (IND), Yovana Ahumada, para presentar una denuncia formal contra las empresas mineras Albemarle, SQM o quienes resulten responsables, por los graves impactos ambientales observados en el Salar de Atacama.
Se trata de una serie de antecedentes que fueron entregados al fiscal regional, Juan Castro Bekios, para su exhaustiva investigación.
La denuncia de la diputada Ahumada se fundamenta en la reciente solicitud de Albemarle al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para revisar los permisos ambientales en el Salar de Atacama, en donde según la empresa, se ha detectado una preocupante reducción en los niveles del acuífero, lo que podría estar relacionado con las actividades extractivas de Albemarle y SQM.
Al respecto, la parlamentaria indicó que “no podemos permitir que nuestras fuentes de agua y nuestro valioso ecosistema se vean afectados de esta manera. Por eso es esencial que se realicen estudios adicionales para comprender completamente el impacto de estas operaciones”.
En el marco de la denuncia, la diputada antofagastina solicitó una revisión detallada de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de ambas empresas, ya que comparten el mismo yacimiento en el Salar de Atacama.
En ese sentido, la parlamentaria apuntó a la necesidad de que se realicen estudios adicionales que analicen la interacción entre la extracción de salmuera y los niveles del acuífero.
“La evidencia sugiere que estas actividades están provocando un desequilibrio en el balance hídrico del salar, lo que podría traer consecuencias devastadoras para la flora y fauna local”, agregó Ahumada.
La denuncia también pone de relieve la preocupación por la gestión del agua y la posible sobreexplotación del acuífero por parte de SQM, que posee una significativa participación en la producción de litio en la zona.
En esa línea, la parlamentaria Yovana Ahumada expresó que “es fundamental que se determine si estas empresas están cumpliendo con sus obligaciones ambientales y si sus operaciones están siendo sostenibles. El daño que se está generando puede ser irreversible”.
Además de la revisión de los permisos ambientales, la diputada Ahumada solicitó al fiscal regional que se investiguen posibles responsabilidades penales de los personeros y empleados de Albemarle y SQM, indicando que “la comunidad de San Pedro de Atacama y sus alrededores, merecen respuestas claras y acciones concretas para proteger su medio ambiente y sus recursos hídricos”, finalizó.
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