La mañana de este jueves se realizó una nueva reunión entre autoridades de Gobierno, del Poder Judicial y policiales con el objetivo de combatir el crimen organizado al interior de los centros penitenciarios.
La instancia contó con la participación del Ministerio de Justicia, la subsecretaría del Interior, el Ministerio Público, Carabineros, PDI y Gendarmería de Chile.
El ministro de Justicia subrogante, Jaime Gajardo, sostuvo que con esto esperan “dar una señal muy clara al país de que el régimen de máxima seguridad es un régimen estricto”, esto “a pesar de la intención que tengan estas personas (el crimen organizado) de tratar que exista un régimen mucho más flexible”.
Inhibidores de señal
En el encuentro, se actualizó al equipo de tarea respecto al “funcionamiento de la inhibición de telefonía celular en el sector Pedro Montt”. Esto posterior a revelarse datos de 11.900 celulares, 15.100 chips y más de 1000 módems WIFI bloqueados, en tres meses de funcionamiento.
Sobre eso, el jefe de la cartera de Justicia confirmó que “el viernes de la semana pasada, la Contraloría General de la República tomó razón de la licitación para extender la medida en nueve establecimientos más”.
Algo que fue respaldado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien sostuvo que aunque “se ponga en cuestión por vídeos de TikTok”, es “una política única en América Latina”.
Este explicó que la tecnología “tiene una eficiencia por contrato sobre el 85%”, y que gracias a las nuevas licitaciones, “aumentará su cobertura del 20% al 40% de la población penal”.
Respaldo a Gendarmería
Por otra parte, el subsecretario también respaldó el trabajo de Gendarmería, destacando que se ven enfrentados a una “sobrepoblación penal que hace compleja la gestión de las cárceles”.
Sobre eso, detalló que la cifra de reclusos aumentó de 42.000 a 56.000 en este Gobierno, siendo un 14% de ellos ciudadanos de nacionalidades extranjeras. En esa línea prometió que durante la actual administración se busca “proveer 9.000 plazas adicionales, entre ellas por supuesto plazas de máxima seguridad”.
Recordemos que el pasado 6 de junio se registró una pelea en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad, la que terminó con agresiones a funcionarios del recinto. Esta se sumó a otros hechos de violencia que terminaron destruyendo trabajos de remodelación en la cárcel, incluyendo celdas.
Hoy autoridades visitaron el penal y confirmaron que se está haciendo “una inversión de 110 millones de pesos para recuperar 20 celdas del recinto y subir el estándar de seguridad de esas celdas. Para que los hechos que ocurrieron no vuelvan a ocurrir”.
Finalmente, respecto a este tipo de crímenes, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, afirmó que “la cárcel no es un espacio de impunidad, sino que tiene que ser un espacio que a nosotros nos permita también realizar investigaciones”. Comprometiéndose así a investigar los desórdenes ocurridos en el recinto.
