El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, emprendió una ofensiva legal tras su reciente derrota judicial.
A través de su abogado, Juan Carlos Manríquez, presentó un recurso de apelación contra la resolución del 3º Juzgado de Garantía de Santiago que decretó medidas cautelares reales sobre sus bienes. Además, interpuso un recurso de amparo, solicitando que sus medidas cautelares sean resueltas por un “tribunal imparcial”.
Recordemos que el pasado 4 de julio, a solicitud de los querellantes Best Quality Products SPA y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el tribunal decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre varios bienes muebles e inmuebles de Jadue. Los bienes involucrados incluyen propiedades en Recoleta, Huechuraba, Ñuñoa y La Reina, además de un vehículo. En el oficio, la defensa argumenta que la resolución es injustificada y desproporcionada.
Fundamentos de la apelación
El recurso de apelación se basa en la falta de cumplimiento de dos requisitos esenciales para decretar medidas cautelares reales: fumus boni iuris y periculum in mora.
1. Fumus Boni Iuris:
– La defensa sostiene que los antecedentes presentados por los querellantes no constituyen una presunción grave del derecho reclamado. En particular, cuestiona la falta de evidencia concreta por parte de Best Quality SpA sobre el supuesto fraude.
– “No se acompaña ningún antecedente real del derecho que invoca, como podría ser un peritaje de los supuestos montos de dinero estafados y su determinación concreta”, señala el libelo.
2. Periculum In Mora:
– La defensa argumenta que no existe un peligro real y cierto de que Jadue pueda hacer desaparecer sus bienes. Destacó que los bienes sobre los que se decretaron las medidas cautelares no han sido gravados ni transferidos en los últimos cuatro años.
– “No existe ninguna situación de insolvencia del señor Jadue que permita sostener la existencia real de algún riesgo”, sostiene el documento.
Proporcionalidad de las medidas contra Daniel Jadue
La defensa de Daniel Jadue también cuestiona la proporcionalidad de las medidas cautelares decretadas. Señala que el avalúo fiscal de los bienes sobre los que se decretaron las medidas ronda los 533 millones de pesos, mientras que el avalúo comercial supera los 1.500 millones de pesos, lo cual excede significativamente el monto del supuesto perjuicio.
Recurso de amparo
Además del recurso de apelación, se presentó un recurso de amparo argumentando que la audiencia de revisión de la prisión preventiva del 8 de julio se realizó sin dar a la defensa el plazo razonable para incorporar nuevos antecedentes.
“Se vulneró el debido proceso y se nos dejó en condiciones de desigualdad”, se lee en el recurso. Se añade que el tribunal priorizó cuestiones administrativas sobre los derechos fundamentales de Jadue.
Extracto del amparo:
“De tal manera que cuando nosotros estamos diciendo que lo que necesitamos es que el tribunal tenga conocimiento cabal y el tribunal se niega a recibir esos antecedentes y nos obliga a debatir en esas condiciones, esa fundamentación hace que el proceso se vicie y la prisión preventiva así derivada sea también viciada.
El interés de la defensa es discutir ante un tribunal imparcial que tenga el tiempo, que quiera recibir las pruebas y en condiciones de igualdad”.
Implicancias políticas por ausencia de Jadue en el Municipio
Si no se revoca la prisión preventiva, el cargo de alcalde de Recoleta será declarado vacante, y se deberá elegir a un nuevo jefe comunal.
Ante ello, la situación jurídica de Jadue sigue siendo crítica, y su defensa trabaja intensamente para revertir las medidas cautelares y la prisión preventiva impuestas.
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