La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que previene, sanciona y erradica la violencia digital. Esta iniciativa otorga protección a las víctimas y establece penas y multas para los infractores, con agravantes en casos específicos como cuando la víctima es menor de 14 años.
La diputada Maite Orsini (FA) presentó el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, explicando que el proyecto, aprobado en general inicialmente el 30 de agosto de 2022, considera el espacio digital como una extensión del espacio público.
Entre las sanciones previstas, la iniciativa establece penas de prisión y multas de 5 a 10 UTM para quienes exhiban imágenes o sonidos de contenido sexual sin consentimiento. Además, contempla penas más severas para la difusión de estas imágenes, con presidio menor en su grado mínimo y multas de 11 a 20 UTM.
La conducta de hostigamiento también se sancionará. Esta incluye acciones persistentes que perturban la vida privada o la integridad psíquica de la víctima, con penas de presidio menor en su grado mínimo o multas de 6 a 10 UTM.
Ley de violencia digital
El proyecto de ley también penaliza la difusión de datos personales que puedan ubicar físicamente a una persona. Estas acciones serán castigadas con multas de 5 a 10 UTM, y la pena se aumentará en casos agravantes, como cuando la víctima es menor de 14 años o el delito es cometido por una persona en una relación de poder con la víctima.
Durante el debate, varios legisladores valoraron el proyecto como una respuesta necesaria a los padres y ciudadanos preocupados por la violencia digital. Sin embargo, algunos expresaron dudas sobre la claridad del texto en cuanto al hostigamiento, sugiriendo que podría ser difícil de penalizar debido a su redacción amplia.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, también participó en la discusión, señalando que el proyecto llena un vacío en la legislación penal actual. Añadió que la conducta de hostigamiento está diseñada para casos graves y no se constituye simplemente por llamadas insistentes.
El proyecto pasó al Senado para su revisión y discusión, marcando un hito en la legislación sobre seguridad digital en el país.
