Parlamentarios se mostraron sorprendidos por el informe del Consejo Para la Transparencia sobre pensiones de gracia. En concreto, se reveló que un 44% de los beneficios otorgados en 2023 no detalla los motivos de entrega.
Parlamentarios se refirieron al último informe del Consejo Para la Transparencia (CPLT) sobre pensiones de gracia.
De acuerdo al análisis, al menos un 44% de los beneficios otorgados en 2023 no detalla los motivos de entrega. En detalle, son 630 las personas a las cuales se les asignó algún tipo de ayuda, de las cuales 278 no tienen un criterio determinado.
El senador Iván Flores (DC) señaló que “es brutal, es tremendo el dato que ha presentado el CPLT. Cualquier ciudadano podría suponer que cuando se otorga una pensión de gracia es a personas que lo requieren con de sobra justificación”.
En ese sentido, indicó que no se puede otorgar a personas que tengan la posibilidad de trabajar o que no han sufrido acciones “demasiado graves”.
“Entregarle pensiones de gracia a alguien que no le corresponde o no se lo merece me parece no sólo un desatino, sino que un gasto muy mal enfocado por parte del Gobierno. Es una pensión que es de por vida, es mucha plata”, agregó el parlamentario.
Piden urgencia para reforma a pensiones de gracia
Por su parte, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) sostuvo que “esto es consistente con la normativa legal que las regula. Las constituye (las pensiones de gracia) como una atribución exclusiva del Presidente de la República, prácticamente sujetas a ninguna formalidad”.
El pasado 18 de junio, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la entrega de este beneficio. En particular, no se podrá conceder a personas que han sido condenadas por cierto tipo de delitos o que han salidos de algún cargo público por faltas graves a la probidad administrativa.
Asimismo, la entrega no procede cuando la afectación del solicitante haya sido consecuencia de una exposición imprudente al riesgo por parte de este.
Finalmente, el decreto del Presidente de La República tendrá que someterse a la toma de razón de Contraloría y se enviará una copia a la Cámara.
“Nos parecería una señal muy importante que el Gobierno pudiese dar algún tipo de urgencia al proyecto de ley que regula esta materia”, indicó Araya.
Finalmente, aseguró que “se tiene que salir de este estatuto tan flexible, tan laxo, que a veces suena incluso a arbitrariedad. Este no es un problema que ha originado este gobierno, sino que es el diseño que tienen las pensiones de gracia, que es similar al que tienen los indultos presidenciales”.
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