Más 56 mil internos se encuentran recluidos en las cárceles chilenas, según cifras entregadas por el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, donde destacó el aumento al 14,75% de reos extranjeros.
Así lo señaló durante la audiencia que se desarrolló este lunes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) de Inteligencia y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados.
En la oportunidad, el jefe máximo de la institución penitenciaria reveló datos actualizados de la población penal en nuestro país, en medio de los cuestionamientos por los hechos de violencia al interior de la Cárcel de Alta Seguridad.
No obstante, las principales críticas apuntan al anuncio del Gobierno de instalar un sistema para inhibir las señales telefónicas al interior de los centros penitenciarios, sistema que aún no ha logrado demostrar su real efectividad.
La preocupación, además, apunta al hacinamiento en las principales cárceles, algo que se ve refrendado en las cifras que aportó el director Urra, quien reveló que en el sistema cerrado hay 56.438 internos, de los cuales un 63,41% son condenados y un 36,59% son imputados en prisión preventiva.
Según cifras publicadas en la página web de Gendarmería, en mayo pasado había 58.935 internos.
Asimismo, la máxima autoridad de Gendarmería detalló que los internos de alto compromiso delictual representan una cuarta parte de esta población.
En cuanto a la población extranjera, Urra apuntó a un aumento al 14,75% del total, destacando la presencia de colombianos, venezolanos y bolivianos entre los internos.
Asimismo, confirmó que solo el 5,6% de los extranjeros tiene un alto compromiso delictual.
Pero también, el director Urra reconoció los problemas que arrastra Gendarmería, especialmente por la cantidad de funcionarios que se encuentran con licencia médica, para lo cual implementó un plan para reducirlas.
Cabe destacar que Gendarmería cuenta con 14.000 funcionarios, y alrededor de 3.000 se encuentran con licencia médica.
Por último, se indicó que están planteando implementar una “declaración de patrimonio” para los funcionarios con el fin de prevenir la corrupción en la institución.