Distintas reacciones dejó un informe elaborado por el Consejo para la Transparencia respecto a las pensiones de gracia otorgadas en el último tiempo, la cual reveló que al menos un 44% de los beneficios de 2023 no detallan los motivos de entrega.
Recordemos que, de los 782 actos emitidos, se demostró que 278 no se justificaban de acuerdo al criterio de asignación.
Si bien muchos concordaron con que la atribución de otorgar pensiones de gracia sea -en este caso- del Presidente Gabriel Boric, hay quienes llaman a transparentar la información.
La diputada de la UDI, Marlene Pérez, cuestionó al Gobierno e hizo un llamado a asumir responsabilidades para revocar aquellas pensiones otorgadas sin motivo.
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Por otro lado, la diputada del Partido Comunista Nathalie Castillo, instó a “mantener la discrecionalidad” del presidente.
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De acuerdo a expertos, realizar tales actos sin argumentación, supone una situación grave y delicada pese a que el poder de decisión está en manos del Presidente de la República.
El abogado especialista en derecho administrativo y académico UC, José Luis Lara, recalcó la importancia de fundamentar tales actos.
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Además, enfatizó que, aunque no se trate de un daño directo a quien se le otorgó la pensión, sí supone un perjuicio al patrimonio fiscal dado a que se está incurriendo en recursos públicos.