El diputado Marcos Ilabaca (PS) y la diputada Camila Musante (IND), valoraron que el Ejecutivo considere propuestas parlamentarias en la Ley del Lobby 2.0.
Ambos parlamentarios participaron de la reunión donde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) entregó detalles sobre esta ley, además del denominado proyecto “Fin a la Puerta Giratoria”, que iniciarán su discusión de forma paralela en la Cámara y el Senado, respectivamente.
Por su parte, Ilabaca destacó los anuncios de las Segpres, que van “en dos líneas que nos ha planteado, tanto respecto de conflictos de interés como en la Ley del Lobby 2.0, porque en definitiva necesitamos avanzar de manera transversal en ambos sentidos”.
Asimismo, el parlamentario valoró “la última referencia que ha hecho el ministro Elizalde. Desde la bancada del Partido Socialista presentamos hace un par de meses atrás un proyecto de ley que busca sancionar drásticamente a toda persona condenada por algún delito de corrupción, caiga del sector que sea”.
En ese sentido, señaló que “habíamos planteado una inhabilidad constitucional en orden a prohibirle a cualquier malhechor, criminal, delincuente que ha cometido un delito de corrupción, poder participar ante cualquier cargo público, sea autoridad o sea funcionario”.
“Que el Gobierno haya recogido esta iniciativa nos parece un paso positivo en orden a poder enfrentar este tipo de hechos”, sostuvo el parlamentario.
Por último, enfatizó que “no podemos, insisto, aceptar la corrupción, venga de donde venga”.
Ley del Lobby 2.0
Tras el encuentro, la diputada Musante manifestó que “me parece muy positivo el anuncio y el trabajo prelegislativo que se está llevando de la mano con la Segpres y con varios parlamentarios, como en mi caso, que somos autores de proyectos que modifican la actual legislación del lobby”.
A raíz de esto, señaló que “hay muchas materias en las cuales avanzar, por ejemplo, la famosa puerta giratoria de lo público a lo privado, que transparenta los llamados conflictos de interés que tienen quienes ocupan altos cargos públicos y los que terminan en los directorios de las empresas privadas asociadas a estos cargos que ocuparon anteriormente”.
“Creo que hay que establecer inhabilidades respecto de este grupo de personas. Y no solamente eso, sino que cuando existan casos de corrupción que tengan una condena, no sea posible postular a ningún cargo de elección popular”, agregó.
Sobre lo anterior, ejemplificó con que “se ha visto anteriormente que alcaldes condenados por corrupción han terminado siendo parlamentarios y eso no puede volver a ocurrir en nuestro país”.
“Transparentar los intereses”
De igual forma, Musante indicó que “también es necesario que empecemos a transparentar los intereses de quienes muchas veces, de buena manera o disfrazado de buenas intenciones, solicitan reuniones con parlamentarios o cargos de elección popular para influir en la toma de decisiones (…)”.
Según explicó, “la idea de este proyecto de ley… es generar mayor transparencia en torno a las reuniones que sostienen quienes están en cargos públicos, incluyendo al Congreso Nacional. Y, por otro lado, establecer inhabilidades que frenen el margen al tráfico de influencias o abuso de un cargo de poder para después trasladarse al sector privado o viceversa, como ya hemos visto, por ejemplo, de exministros del Trabajo que han terminado en altos cargos de AFP”.
Finalmente, recalcó que “este tipo de cuestiones hay que frenarlas, no pueden continuar ocurriendo porque dan absoluto margen a la corrupción. Así que me parece muy positivo este avance desde la Secretaría General de la Presidencia con el ministro Elizalde, la subsecretaria Lobos y los parlamentarios que también hemos sido parte de este trabajo legislativo para avanzar en mayor transparencia y probidad”.
