En el contexto del fast track legislativo 2024, el Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto que obligará a los pasajeros de transporte terrestre interregional -buses- a mostrar su cédula de identidad.
Este proyecto, que establece un sistema de registro de pasajeros y vincula el equipaje con los viajeros, busca incrementar las medidas de seguridad en estos servicios.
La iniciativa, que podrá recibir indicaciones hasta el 11 de julio, se originó a partir de una moción presentada por los senadores Manuel José Ossandón, Paulina Núñez, Juan Castro Prieto, José Miguel Durana e Iván Flores.
El senador Flores, en su rol de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, explicó los principales aspectos de la iniciativa. “Actualmente, si se encuentra un equipaje con droga en un bus, no se puede identificar al propietario. Esta ley corregirá eso“, afirmó.
Durante el debate, diversos senadores destacaron la importancia del proyecto, aunque subrayaron la necesidad de perfeccionarlo. Para los parlamentarios es fundamental evitar que se generen problemas en la cotidianeidad, como en los casos donde un usuario olvide su cédula de identidad.
La ministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Tohá, recordó que esta iniciativa forma parte del plan de medidas urgentes para 2024.
Mostrar cédula de identidad en buses como herramienta de seguridad
El control de identidad se considera una herramienta vital para las regiones fronterizas, donde el flujo de migrantes irregulares es una preocupación constante. Además, la vinculación del equipaje con los pasajeros permitirá a las autoridades realizar investigaciones más efectivas.
Sin embargo, hubo inquietudes sobre posibles efectos negativos para los pasajeros habituales del transporte interurbano. De acuerdo con la Sala, hay “zonas grises” en el proyecto que podrían vulnerar el derecho a la libre circulación.
Algunos senadores también cuestionaron el procedimiento de solicitar la cédula de identidad, considerándolo un control privado de identidad.
Así las cosas, la iniciativa, aunque bien intencionada, necesitará ajustes para asegurar su efectividad y aceptación pública. El debate continuará, buscando consensuar las mejores prácticas para implementar estas nuevas medidas sin perjudicar a los usuarios.
