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El senador Iván Flores (DC) insistió al Gobierno en la necesidad urgente de destinar más recursos al programa de protección de testigos, luego de que tres testigos protegidos fueran asesinados en lo que va del año, según un reportaje de T13. Flores destacó la precariedad del programa actual con solo 5.400 millones de pesos asignados, argumentando que no es suficiente para garantizar la seguridad de personas clave en investigaciones de crimen organizado. Los asesinatos de testigos protegidos en Lampa y Ovalle encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes colaboran con la justicia en casos de alto riesgo, lo que llevó al senador a oficiar tanto al Ministerio del Interior como al de Hacienda para reasignar recursos de forma urgente y evitar más tragedias.

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El senador Iván Flores (DC) ofició al Gobierno reiterando la urgente necesidad de asignar recursos para el programa de testigos protegidos.

Este llamado surgió luego de revelarse que tres testigos bajo protección del Ministerio Público han sido asesinados en lo que va del año.

“Estamos frente a una situación espeluznante”, comentó el senador Flores. “La precariedad del programa de protección de testigos, con solo 5.400 millones de pesos asignados (ver documento, página 931), no es suficiente para garantizar la seguridad de personas clave en investigaciones de crimen organizado”, añadió.

En lo que va del año, dos testigos protegidos fueron asesinados en Lampa y una joven en Ovalle.

Estos hechos encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes colaboran con la justicia en causas de alto riesgo.

Es inaceptable que testigos protegidos y una persona colaboradora en una investigación crítica hayan sido asesinados“, agregó el Senador.

“Los sicarios no tienen piedad”

“Esto demuestra la falta de recursos y la urgencia de implementar cambios inmediatos. Los sicarios no tienen piedad, y el Estado debe proteger a estos testigos para avanzar en las investigaciones”, añadió el legislador.

Así las cosas, el senador Flores sostuvo que “oficié tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Hacienda para que reasignen recursos de forma urgente”.

El doble asesinato en Lampa ocurrió el 5 de junio en el sector de Lo Echevers con Chorrillo Tres, donde se encontraron dos cuerpos con más de seis heridas de bala en la cabeza y el tórax. Las víctimas, Junior y Klivert, eran jóvenes venezolanos que colaboraban con la Fiscalía como testigos protegidos.

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En Ovalle, en tanto, asesinaron a sangre fría a una joven venezolana, testigo reservada en una investigación de la Fiscalía y la PDI. Su colaboración resultó clave para develar vínculos entre un narcotraficante penquista, sicarios del Tren de Aragua, y tres homicidios en el Gran Concepción.

Testigos protegidos en la mira

La jefa de la División de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Alicia Díaz, evitó dar detalles específicos sobre estos casos, pero señaló a BBCL Investiga que “el número de situaciones de este tipo es muy menor”. Según Díaz, “el año pasado tuvimos más de 13 mil testigos con protección y ninguno falleció en el proceso penal”.

Sin embargo, el asesinato de M.G.M.G. en Ovalle dejó un golpe duro. La joven de 19 años proporcionó información vital que permitió resolver las ejecuciones de tres personas en el Gran Concepción. Su denuncia sobre el sicario Wilmer José Díaz Díaz fue clave para avanzar en las investigaciones.

El caso de M.G.M.G. llamó la atención sobre los sicarios del Tren de Aragua. La evidencia aportada por la joven, incluyendo un video de una ejecución, resultó crucial para los detectives.