Los diputados de la Bancada UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Felipe Donoso, llamaron al Gobierno a otorgar máxima urgencia a un proyecto que presentaron en mayo de este año, y que busca implementar una serie de restricciones a los reos considerados de “alta peligrosidad” que se encuentran recluidos en los recintos penitenciarios del país.

Lo anterior, como una manera de evitar que continúen manejando sus organizaciones criminales que operan en el exterior o que, incluso, sigan delinquiendo al interior de las cárceles, poniendo en riesgo a los funcionarios y a los propios internos.

Al respecto, y tras el grave motín que se produjo a inicios de junio en la Cárcel de Alta Seguridad, y que dejó a cerca de 12 funcionarios de Gendarmería con diferentes lesiones, los parlamentarios gremialistas calificaron como “indispensable” poder modificar los regímenes penitenciarios que existen en la actualidad, estableciendo una serie de restricciones para los internos -condenados o en prisión preventiva- de mayor peligrosidad o que estén vinculados a organizaciones criminales.

En ese sentido, lo que propone el proyecto de ley -que se basó en el régimen “41 Bis” italiano- es que, entre otras medidas, los internos estén separados en celdas individuales y sin contacto con el resto de la población penal.

Además, se establece que no tendrán acceso a zonas comunes, sólo podrán salir al patio durante dos horas al día y contarán con máximo una visita al mes, la que se realizará en una sala debidamente acondicionada que impida el contacto físico entre las personas.

Reos de “alta peligrosidad”

“(…) Todos sabemos que las cárceles, y así lo demuestra la evidencia internacional, se han convertido en verdaderas escuelas para el crimen y la delincuencia, porque sus líderes no sólo siguen manejando sus organizaciones desde el interior de ellas, sino que también se dedican a captar a nuevos delincuentes para seguir fortaleciendo sus acciones”, señalaron los diputados Fuenzalida y Donoso.

Añadiendo que “hace más de un mes presentamos este proyecto de ley, porque tal como lo viene haciendo Italia y también otros países del mundo, es urgente aislar a todos los reos de mayor peligrosidad, especialmente los que se encuentran vinculados a todas estas organizaciones”.

Respecto a los detalles de la propuesta, ambos parlamentarios precisaron que serán los tribunales de justicia los que, además de definir la condena o la prisión preventiva, deberán establecer un régimen diferenciado. Para dichos efectos, la iniciativa faculta a Gendarmería a adoptar “todas las normas que sean necesarias para proteger la vida y la integridad física y psíquica de los funcionarios”.

“El Gobierno tiene que entender que, al interior de las cárceles, es el Estado el que debe mantener su control y no los líderes de las organizaciones criminales. Y para lograr aquello, resulta fundamental que todos estos delincuentes sean aislados del resto de la población penal y mantengan un régimen que les impida seguir actuando con absoluta impunidad, como hoy está ocurriendo”, advirtieron.