El abogado Hugo Gutiérrez confirmó que recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso del alcalde Daniel Jadue, en medio de una nueva estrategia tras la reorganización de su equipo jurídico.
Se trata de una medida cautelar, como una de las primeras acciones del comité internacional que anunció el Partido Comunista, para conseguir la libertad del jefe edilicio.
Recordemos que Jadue se encuentra recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en prisión preventiva, tras ser formalizado por los delitos de fraude, estafa, entre otros, en el denominado Caso Farmacias Populares.
Al respecto, Hugo Gutiérrez, confirmó la medida cautelar ante la CIDH, en favor del alcalde Jadue.
“Se formó un equipo de abogados internacionalistas que están bregando por su libertad, van a presentar una cautelar ante la Comisión Interamericana Derechos Humanos”, sostuvo el jurista.
En ese sentido, enfatizó que “consideran inaudito que se le aplique desde ya una sanción a Daniel (Jadue) por las circunstancias de estar privado de libertad, que es hacerlo cesar en su cargo”.
“Se estima de que las resoluciones que se han emitido por parte de la justicia chilena, lo que procuran es que él deje de ser alcalde de Recoleta, atentando contra la soberanía popular”, añadió.
Asimismo, en la oportunidad se confirmó que el abogado Juan Carlos Manríquez se sumará al equipo de juristas que defenderán a Jadue.
Este último confirmó que -junto con reorganizar el equipo jurídico- emprenderán otras acciones, incluyendo al Tribunal Constitucional.
“Hemos reorganizado estrategia, metodologías, plazos y objetivos. Esta nueva etapa dentro de las acciones procesales que vamos a desarrollar comienza hoy mismo. Los primeros días de la próxima semana vamos a poner en movimiento acciones de revisión en el Tribunal de Garantía, en otras Cortes, en el Tribunal Constitucional y también en el ámbito internacional”, señaló.
“La posibilidad de que un alcalde en ejercicio del color político que sea pueda perder su cargo a los cuarenta y cinco días por fuerza mayor, cuando en realidad solo está formalizado, eso es extremadamente grave, porque la formalización es un acto de garantía y en teoría, un acto de garantía no puede traer consecuencias tan desfavorables como una sanción sin culpabilidad, incluso sin acusación”, explicó Manríquez.
“Hay casos prácticamente idénticos de alcaldes que han sido privados de su cargo de distintos colores políticos, sin sentencias y se han terminado condenando a los Estados”, advirtió el jurista.