Ante la reciente determinación de la Corte Suprema respecto al “caso conscriptos de Putre”, Amnistía Internacional emitió una declaración, expresando su satisfacción por la decisión judicial.
La institución señaló que el caso nunca debió ser considerado bajo jurisdicción militar, y celebra que finalmente se haya determinado la competencia de la justicia civil para investigar los hechos.
“Si bien, ni siquiera se debió haber evaluado la posibilidad de que el caso conscriptos de Putre’ fuera investigado bajo jurisdicción militar, se recibe con satisfacción que la Corte Suprema determinara que la justicia civil es competente para indagar los hechos”, detalló Amnistía.
Amnistía Internacional subraya la necesidad de que se emprendan todas las acciones necesarias para llevar adelante una investigación oportuna y exhaustiva. La organización enfatiza que es fundamental sancionar a los responsables, incluyendo a los mandos del Ejército que puedan estar involucrados, así como reparar a las víctimas y proporcionar garantías de no repetición.
Amnistía espera sanciones a mandos del Ejército
“Es esperable que ahora se emprendan todas las acciones necesarias para llevar adelante una investigación oportuna y exhaustiva, y que sancione a los responsables, incluyendo a los mandos del Ejército que puedan estar involucrados“, detalló la organización.
Recordemos que la Corte Suprema determinó que la investigación por la muerte de Franco Vargas debe ser entregada a la justicia civil, en el marco del caso conocido como “Conscriptos de Putre”.
La decisión fue tomada por la Segunda Sala del máximo tribunal, compuesta por la ministra Andrea Muñoz, los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la abogada (i) Leonor Etcheberry y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada.
El fallo del tribunal señala: “No resulta posible entonces solo acudir a las normas técnicas de rango legal que regulan la jurisdicción militar, pues este cuerpo normativo, por la época en que fue dictado (año 1944) y la especificidad de la materia que regula, invierte el razonamiento, asumiendo que la jurisdicción militar es la regla general y la jurisdicción ordinaria la excepción”.
El tribunal agregó: “De manera que un análisis respetuoso del principio de juridicidad y división de poderes, consagrados en la Constitución Política de la República, y de los Derechos Humanos reconocidos en Tratados Internacionales que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes, obliga a preguntarse en primer término si existen fundamentos exclusiva y estrictamente militares que por su directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas, tornen indispensable para las exigencias defensivas de la comunidad como bien constitucional, la necesidad de una vía judicial específica para el conocimiento y eventual represión de delitos comunes”.
Fiscal de Arica pedirá exhumación
El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, expresó su conformidad con la decisión de la Corte Suprema de entregar la investigación del caso “Conscriptos” a la justicia civil.
Carrera aseguró que “en esta causa en particular, nosotros actuamos con la convicción de que la competencia tenía que radicarse en la justicia ordinaria y tenía que estar a cargo del Ministerio Público”.
Carrera recordó que al inicio del proceso hubo diversos actores que sostenían que la justicia militar era la competente, pero el Ministerio Público mantuvo su posición. “La Corte Suprema lo que hace ahora -con un voto unánime por parte de todos los ministros- es darnos la razón”, afirmó.
En cuanto a la investigación, el fiscal explicó que el Ministerio Público comenzó a decretar diligencias poco después de la denuncia. “Nos reunimos en varias oportunidades con las distintas víctimas; entre ellas con la señora Romy, madre del conscripto Franco Vargas, que resultó fallecido”.
Carrera añadió que en su momento dispusieron la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, pero esta quedó paralizada por solicitud de la Fiscalía Militar. Ahora, el fiscal Carrera aseguró que retomarán todas las diligencias pendientes, incluyendo la exhumación del cuerpo y la realización de nuevas pericias.
“Mantuvimos paralizada la investigación, por orden de la Corte Suprema, por más de un mes. Eso es un tiempo bastante vital en investigaciones como esta y esperamos retomar prontamente la realización de diligencias”, dijo Carrera. Añadió que realizarán una nueva reconstitución de escena con la participación de las víctimas que se encuentren en condiciones de hacerlo.
