El 5 de junio, Ciper reveló una serie de conversaciones que guardaba el celular del exmagistrado Juan Antonio Poblete, quien se encuentra investigado por autorizar interceptaciones telefónicas.

La que más cobró notoriedad fue una que sostuvo con el actual candidato al sillón municipal de Santiago, Mario Desbordes, ya que se dejó entrever un presunto lobby para pavimentar el camino de María Teresa Letelier a la Suprema.

Esta publicación terminó en una guerrilla de querellas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos emprendió una acción judicial por tráfico de influencias en contra de quienes resulten responsables, mientras que el expresidente de Renovación Nacional acusó a seis consejeros de este organismo por posible prevaricación.

Pero eso no es todo, pues los chats otra vez hicieron lo suyo. Diez días después, el mismo medio citado publicó un diálogo de WhatsApp entre el esposo de la suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y el fiscal Carlos Palma.

El breve intercambio, que se encontraba —en formato de pantallazo— al interior del teléfono del abogado Luis Hermosilla, mostraría gestiones para influir en la última competencia por la Fiscalía Nacional.

“Una cultura transaccional”

Según el artículo 78 de la Constitución, la Corte Suprema se compone de 21 ministros. Estos son nombrados por el Presidente de la República, pero a partir de una quina que propone el mismo tribunal.

Luego, el Senado debe aprobar el nombre por dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si el candidato es rechazado, la Suprema propone a un nuevo aspirante que debe seguir el mismo proceso.

En 2021, Juan Antonio Poblete señaló a Mario Desbordes que esperaba que su “mejor amiga”, María Teresa Letelier, conformara la nómina de cinco integrantes para asumir en este cargo. “Apoyémosla entonces”, respondió el exministro de Defensa.

Desde ahí se mantuvieron las conversaciones y, de acuerdo al reportaje de Ciper, incluso hubo un contacto entre Letelier y Desbordes. ¿El objetivo? Agradecerle por sus aparentes gestiones.

Tras ello, el exdiputado deslizó que se estaban tejiendo “operaciones” para perjudicar su carrera alcaldicia. Incluso, terminó presentando una querella en contra de los consejeros del INDH que votaron por presentar una acción por posible tráfico de influencias.

No es la primera vez que se da a conocer una situación de este tipo. En marzo pasado, el mismo medio reveló la injerencia de Luis Hermosilla para el arribo del ministro Jean Pierre Matus a la Corte Suprema en 2021. A pesar de ello, este último negó haber solicitado algún trámite en su favor al abogado.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, no quedó indiferente ante estas acciones. En entrevista con Radio Universo, indicó que “existe una cultura transaccional en los nombramientos y esas son malas prácticas”.

Al respecto, Nicolás Frías, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, explicó que el mecanismo para elegir a los supremos tiende a generar espacios para que los postulantes se den a conocer.

“En este proceso se observa cierta opacidad que se prestaría para prácticas culturales como las que señala el ministro”, detalló.

Sin embargo, Antonio Leiva, académico de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello, opina que “habría que preguntarle al ministro por qué usó una expresión tan peculiar para referirse a un asunto tan delicado. Habría esperado una narrativa más sobria. No me imagino que esas expresiones ayuden a abordar y superar esta problemática”.

Los chats que salpican a Vivanco

La polémica no termina ahí, pues Ciper destapó una nueva controversia ligada al último proceso de elección de fiscal nacional. En este caso, el principal involucrado es nada menos que el esposo de la ministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles.

Según el reportaje, este último le habría ofrecido al fiscal Carlos Palma —quien estaba compitiendo por liderar el Ministerio Público— un doctorado y un puesto en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a cambio de darle su apoyo al nombre que ya había escogido La Moneda.

Cabe recordar que el gobierno de Gabriel Boric tuvo dos intentos fallidos con sus candidatos, José Morales y Marta Herrera, quienes no lograron la venia del Senado. La tercera fue la vencida, cuando los parlamentarios respaldaron al abogado Ángel Valencia para el período 2023-2030.

Sobre los presuntos ofrecimientos de su pareja, Vivanco afirmó que “aquí ha habido un exceso de buena fe por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra”.

Con estas palabras apuntó directamente a Palma, quien envió un pantallazo de la conversación a Luis Hermosilla. De hecho, esta información salió a la luz gracias a las pericias que se hicieron al teléfono celular del abogado, quien se hizo reconocido por el denominado caso audios.

Por otra parte, la ministra solicitó un encuentro con el fiscal Valencia para que se investigara el caso. No obstante, el persecutor declinó reunirse presencialmente ante una posible judicialización por parte de los protagonistas.

Desde el mundo de las leyes parece haber un amplio respaldo a la gestión de la ministra. Antonio Leiva aseguró que “no se dispone de evidencia en orden a que ella siquiera estuviera al corriente de estas conversaciones. Por ello, en lo jurídico no se ve afectada”.

Asimismo, recalcó que “es una jurista con una larga y destacada trayectoria académica. Por ello, goza de un gran prestigio en la academia y en el foro. No logro imaginar que un acontecimiento en que no existe evidencia que ella ha tenido participación personal pueda cambiar eso fácilmente”.

Una visión similar posee Rodrigo Poyanco, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Finis Terrae, quien considera que cualquier cuestionamiento que se haga a un juez debería canalizarse por mecanismos institucionales como recusaciones o, en situaciones más extremas, solicitudes de remoción.

“Hasta entonces, el juez tiene todas las atribuciones propias de su cargo”, agregó el experto.

Lexus: el último de los escándalos “supremos”

Si bien estos eventos ocurrieron hace tres años, el Poder Judicial enfrentó otra polémica entrado el 2024. En febrero pasado, se aprobó la compra de 22 vehículos para renovar la flota de los ministros de la Corte Suprema y del fiscal judicial.

Sin embargo, no se trataba de cualquier tipo de automóviles, sino que se pretendía adquirir una veintena de Lexus ES300h que tenían un valor conjunto que superaba los $1.200 millones.

Dicha decisión generó críticas desde diversos sectores. Incluso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntó de forma irónica que él ocupaba “un vehículo del año 2015 con 260 mil kilómetros” y que todavía funcionaba de buena manera.

Tras el escándalo, los ministros del máximo tribunal del país decidieron recular y votaron por suspender la compra. Eso sí, esta última controversia terminó con la salida de Ricardo Guzmán, quien lideraba la Corporación Administrativa del Poder Judicial desde 2015.

De acuerdo a Nicolás Frías, los chats y esta fallida operación “contribuyen a que la opinión ciudadana del Poder Judicial destaque dentro de las más negativas en distintas encuestas de opinión pública”.

“Esto último es grave, toda vez que las decisiones judiciales son esenciales para la vida social y para el fortalecimiento del Estado de derecho. (…) Hay que legislar para evitar seguir con esta verdadera pendiente de escándalos, diseñando un mecanismo que aborde sistemáticamente distintos puntos del gobierno judicial”, añadió el subdirector del Programa Reformas a la Justicia UC.

Hacia un nuevo sistema de nombramientos

Finalmente, a modo de resumen, los académicos analizan cuáles son las consecuencias de los chats que revelan distintos nexos al momento de nombrar a los jueces supremos.

Rodrigo Poyanco ve un serio riesgo cuando “priman las cofradías o círculos de influencia de los candidatos. (…) Esta situación termina poniendo en cuestión los méritos de los jueces y otros auxiliares de la Administración de Justicia que aparezcan como seleccionados”.

“Inevitable es también el riesgo de que los así nombrados tengan —o se sospeche que tengan— un sentimiento de gratitud respecto de quienes han facilitado su nombramiento. Por eso, un famoso presidente del Consejo Constitucional francés, Robert Badinter, hablaba del ‘deber de ingratitud’ de los jueces para con quienes facilitaron sus nombramientos”, complementa.

Por su parte, Lucas Sierra, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profundizó en la importancia de cambiar el sistema de nombramiento de los ministros que confirman este tribunal. ¿Por qué? Puesto que actualmente se tendría una herencia del sistema binominal.

“Cuando existió el sistema binominal, se desarrolló una práctica que consistió en que se ratificaba un candidato de derecha y uno de izquierda. Entonces, era ‘el mío lo elijo yo, el tuyo tú’. El problema con esto es que se perdió la posibilidad de un buen escrutinio de los candidatos, porque un sector no se metía cuando el candidato era del otro sector”, manifestó.

Si bien recuerda que hoy no existe el binominal, el experto asegura que “algo de esa práctica queda, sumado al hecho de que, por la fragmentación del Congreso, es más difícil llegar a acuerdos en cualquier materia, especialmente cuando se necesita un quórum alto como 2/3”.