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La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a las novedades en el nombramiento de los miembros del Poder Judicial en una extensa sesión extraordinaria del Pleno. Se destacó la preocupación ante situaciones recientes, como los chats entre el exministro Mario Desbordes y el exmagistrado Juan Antonio Poblete, relacionados con el caso de escuchas telefónicas y el presunto lobby para favorecer el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier. La Corte Suprema anunció que el proceso de nombramiento incluye la participación de los distintos poderes del Estado, enfocándose en la transparencia y objetividad en la selección de los oponentes. Además, se planteó la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas, la creación de un organismo para gestionar nombramientos y asuntos judiciales, así como la elaboración de un Código de Ética Judicial basado en el Código de Ética Iberoamericano. El Poder Judicial afirmó su disposición a colaborar con los órganos constitucionales que investigan y a asumir las responsabilidades correspondientes.

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La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió este miércoles a las novedades en el nombramiento de los miembros del Poder Judicial. Esto, tras una extensa sesión extraordinaria del Pleno.

“Ha habido varias situaciones que han tenido, tanto la prensa como este tribunal, bastante preocupados el último tiempo”, comenzó diciendo Melo.

Lo anterior, recordemos, luego que se revelara chats del exministro Mario Desbordes con el exmagistrado Juan Antonio Poblete -involucrado en el “Caso escuchas telefónicas”- quien pidió favorecer el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier.

Corte Suprema y nombramiento de ministros

A través de una declaración pública, anunciada por la ministra María Soledad Melo, la Corte Suprema indicó que tanto el nombramiento de miembros del Poder Judicial, como de auxiliares de la administración de justicia, contempla la participación de los distintos poderes del Estado.

Y, en lo que atañe al máximo tribunal, “se ha trabajado en mecanismos para asegurar la transparencia y objetividad en la selección de los oponentes, tarea en la que persistirá y que motivó la convocatoria a un pleno extraordinario el día de hoy”.

En ese sentido, “la Corte Suprema ha planteado la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa y, entendiendo la urgencia que se requiere, retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo”.

A lo anterior se suma “radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto, como se ha explicitado desde las Jornadas de Reflexión celebradas en Chillán el año 2014. Este parecer fue reiterado durante los dos procesos constitucionales”.

Además, a raíz de los últimos hechos vinculados a este tema, “este tribunal ha estimado necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial para nuestra judicatura, teniendo como base el Código de Ética Iberoamericano, que actualmente nos rige, por lo que ya en el mes de abril encomendó su elaboración y, por ende, una propuesta de modificación del Acta N° 262 del 2007, Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética”.

“Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Judicial y los miembros que lo componen reconocen la completa autonomía de los órganos constitucionales que ejercen funciones de investigación, estando disponibles para prestar la colaboración que se requiera y, eventualmente, asumir las responsabilidades que individualmente correspondan”, concluye la declaración.