El diputado independiente, Álvaro Carter, anunció que oficiará a la Contraloría a raíz del reportaje publicado por la Unidad de Investigación de BioBioChile, respecto a un millonario contrato suscrito entre el Ministerio Secretaría General del Gobierno (Segegob) y la empresa Datavoz, perteneciente al grupo Statcom.
Fue el 10 de mayo pasado cuando la secretaría de Comunicaciones y Cultura (Secom) –dependendiente de Segegob y dirigida por Pablo Paredes (RD)– solicitó la aprobación por trato directo de un contrato para la realización de encuestas de alrededor de $244 millones con Datavoz, empresa desarrolladora de estudios.
La petición fue aprobada, y tres semanas después se firmó el acuerdo con la compañía fundada por la profesional en Estadística, Paulina Valenzuela, sin ser la primera vez que Datavoz trabaja con dicha repartición.
No obstante, se generaron dudas respecto a las razones que llevaron a solicitar estudios, los detalles, el trato directo y la necesidad del millonario gasto público.
A raíz de esto, el parlamentario dijo que oficiará a Contraloría “para pedir que se pronuncie respecto del contrato vía trato directo entre la Secretaría General de Gobierno y la empresa Datavoz”.
Lo anterior, “tanto por el alto monto del contrato, como por el objetivo secreto y reservado que establece. Tratándose de un servicio de focus groups y entrevistas remotas para establecer las prioridades de la ciudadanía”.
“Los tiempos actuales requieren ser muy transparentes con la ciudadanía, más aún con un proceso eleccionario como el que comienza en los próximos meses”, añadió Carter.
Vallejo por contrato entre Gobierno y Datavoz
En un punto de prensa realizado este miércoles, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó que “estos contratos son públicos, están el portal de compras públicas, por lo tanto, cualquier persona puede acceder a estos contratos y los montos”.
“Evidentemente, hay un artículo importante en nuestra legislación, que es el artículo 10 N.º 7, letra D, del Decreto Supremo N.º 250 del 2004, que responde a la ley 19.886, que establece que algunos contratos están posibles de exceptuar de licitación, porque tiene una característica especial. Y si ustedes se fijan, todos estos tipos de estudio, de focus, que se hacen a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, gobierno tras gobierno, son de carácter reservado y estratégico hasta que terminan los periodos de Gobierno. Duran cuatro años porque tienen contenido estratégico que después se libera”, sostuvo la secretaria de Estado.
“El formato de contratación, justamente, es el que se requiere según esta legislación… es de público conocimiento (…). Está en el marco de la ley y su revisión por Contraloría es parte de lo habitual”, añadió Vallejo.
