“Tenemos aguas caídas como no habían caído en alrededor de 50 años y, si esto sigue así, podría ser más que eso”, alertó la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, ante el sistema frontal que azotó a la región durante esta semana.

Pero no sólo esta zona se vio afectada por las intensas lluvias, ya que estas se dejaron caer desde Coquimbo hasta Los Ríos. De acuerdo al último balance oficial, el agua ha dejado 11.116 damnificados, 3.079 aislados y más de 7 mil viviendas con distinto grado de daño.

Tras esta catástrofe, que cobró su primera víctima fatal en el Maule, expertos criticaron la institucionalidad chilena para reducir el riesgo de desastres. Según su visión, el sistema posee fallas estructurales que, independiente del gobierno de turno, seguirán causando estragos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) fue inaugurado el 1 de enero de 2023, reemplazando a la anterior Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

Su principal objetivo es coordinar los recursos públicos y privados para prevenir emergencias de origen natural o provocadas por el ser humano, aunque analistas consideran que este propósito ha dejado mucho que desear en la práctica.

Los principales juicios apuntan al centralismo, el sistema de alerta, la tardía acción ante los anuncios metereológicos y las regulaciones urbanas para definir áreas de potencial riesgo.

Centralismo y rol de los gobernadores

La región más azotada por el sistema frontal fue el Bío Bío, en particular la provincia de Arauco. Esta zona, ubicada a más de 500 kilómetros de Santiago, tuvo desoladoras imágenes de inundaciones y personas con la mitad del cuerpo sumergido en sus propias casas.

Dentro de su organigrama, Senapred tiene una dirección nacional, que actualmente ocupa Alicia Cebrián, y 16 direcciones a nivel regional. Según Michel De L’Herbe, consultor en gestión de emergencias, preocupa que esta entidad no tenga una expresión provincial.

“Eso no es menor cuando nos vamos lejos de las grandes urbes, a las zonas rurales, donde la distancia entre las comunas y los niveles regionales es altísima. Pueden ser varias horas de viaje”, señala.

Asimismo, sostiene que los gobernadores regionales “brillan por su ausencia en términos de un real rol, porque no tienen una función clara dentro de los Cogrid. Estamos hablando de la autoridad más votada de la región y su función no se diferencia mucho de lo que podría hacer un seremi”.

Esta posición es compartida por Sergio Galilea, director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, quien indica que “como las catástrofes y los desastres son muy territoriales, habría que pensar en fortalecer más Senapred en cada uno de los territorios”.

“Tiene que repensarse también la forma en que Senapred se vincula con los gobernadores regionales, porque hoy día son el gran ausente institucional de las respuestas frente a la crisis”, agrega el exsubsecretario de Obras Públicas.

Cabe destacar que la Ley 21.364 incluye a los gobernadores en los denominados Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), aunque quien lidera esta instancia es el delegado presidencial en el territorio.

De acuerdo a De L’Herbe, el centralismo en la toma de decisiones también responde a una mala ubicación de Senapred en el Ministerio del Interior, ya que las autoridades que asumen las vocerías no tendrían los conocimientos técnicos adecuados para informar respecto a una crisis.

“Los sobreexpone a tener que comunicar materias de orden técnico que no están dentro de su manejo cotidiano. Por ejemplo, la vicepresidenta Tohá señaló que lo peor ya había pasado, pero en ese momento teníamos una situación altamente preocupante para la región de Coquimbo, que no está acostumbrada a tener 20 o 30 milímetros de agua en una noche”, explica.

En ese sentido, el experto espera que Senapred quede radicado en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que está a punto de ser aprobado por el Congreso Nacional.

Sistema SAE: ¿hacia qué parte evacuar?

Otro punto que está bajo la lupa de analistas es el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar zonas de riesgo ante un posible desastre.

Esta herramienta informa a la población sobre situaciones de peligro como incendios, tsunamis o desbordes de ríos, dando un aviso telefónico para evacuar lo antes posible. A partir de 2017, todos los celulares comercializados en Chile, independiente de su operador, deben ser compatibles con este mecanismo.

Para Michel De L’Herbe, el sistema presenta varias inconsistencias. En primer lugar, porque depende de una red de telefonía que podría verse afectada cuando ocurre una catástrofe.

Además, afirma que “es un mensaje de texto que solamente señala dónde hay que hacer evacuación, pero no dice hacia qué parte ni en qué lugar están las zonas seguras”. De esta forma, las personas podrían sufrir accidentes, incluso mortales, al momento de emprender una evacuación.

De hecho, las polémicas que enfrentó Senapred con las alertas SAE durante los incendios de este año en Valparaíso, que dejaron 137 fallecidos, se tradujeron en una auditoría interna y una investigación por parte del Ministerio Público.

Esto es complementado por Carolina Martínez, académica de la Facultad de Geografía de la Pontificia Universidad Católica, quien apela a construir mayores lazos a nivel local para que se internalicen las acciones que deben concretarte ante una alerta.

“El sistema tiene que ir fortaleciéndose e integrar a las comunidades. En Chile falta mucha educación en prevención y reforzar la capacidad que tienen las organizaciones sociales de involucrarse en todas las etapas del ciclo del desastre”, asegura.

Medidas sobre la marcha del desastre

Aparte del centralismo y el sistema de alertas, los expertos juzgan las acciones en materia de prevención que han adoptado este gobierno y los anteriores.

Cuando ya se contabilizaban cientos de damnificados por el sistema frontal, el Ministerio del Interior anunció medidas como la declaración de Zona de Catástrofe o la suspensión de clases en determinadas regiones.

Michel De L’Herbe asevera que los pronósticos metereológicos son “bastante certeros hoy en día y tienen que transformarse en inteligencia”, por lo que este tipo de decisiones deberían tomarse desde el minuto en que se conocen los posibles efectos del clima.

“En los países desarrollados, medidas como suspender las clases, alterar los horarios y disminuir el desplazamiento de las personas se toman con tiempo. Acá no estamos hablando de un terremoto, sino de fenómenos meteorológicos cuyos datos se conocen incluso con una semana de anticipación”, recalca.

Por su parte, Sergio Galilea no responsabiliza del todo a Senapred, sino que involucra a otras instituciones del Estado como a los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda.

“Por ejemplo, toda la inversión en aguas lluvias es bajísima para lo que son las necesidades y requerimientos. Esto responde a una programación ministerial, por lo que los ministerios tienen que hacer mucho más para determinar situaciones de riesgo”, comenta.

Y otro factor que agrega es la urgencia de contar con mejores normas en materia urbana, ya que “ocurren las desgracias y, al no funcionar bien el instrumento regulador, todos construyen en cualquier parte cuando la emergencia ya pasa”.

Esto último es apoyado por Carolina Martínez, quien opina que “la memoria de los desastres suele perderse en este país. Falta mucha educación, pero también incorporar monitoreos de qué sucede después del desastre para que esto no vuelva a ocurrir”.

“La prevención tiene que ver con un trabajo de actuación en el territorio para fortalecer la resiliencia social con las comunidades, pero también fortalecer el rediseño urbano para ver cómo incorporamos las áreas de riesgo”, cierra la directora del diplomado en Reducción del Riesgo de Desastres de la Pontificia Universidad Católica.