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El Tribunal Electoral Regional de O\'Higgins remueve a Juan Ramón Godoy del cargo de alcalde de Rancagua tras acoger la presentación de concejales por contravención grave a normas de probidad y notable abandono de deberes. El fallo de 132 páginas declara la cesación del cargo de Godoy por cinco años e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El exalcalde, investigado por malversación de fondos públicos, fraude al fisco, lavado de activos y cohecho agravado, se encuentra en prisión preventiva y enfrenta querellas del Consejo de Defensa del Estado y del Servicio de Impuestos Internos por irregularidades en la administración municipal, incluyendo pagos en exceso en licitaciones y obtención de beneficios indebidos.

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El Tribunal Electoral Regional (TER) de la región de O’Higgins acogió la presentación que realizó un grupo de concejales y removió de su cargo al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy.

Lo anterior, tras acoger parcialmente lo solicitado por los ediles, respecto a la contravención grave a las normas sobre probidad administrativa y notable abandono de sus deberes.

Por lo anterior, el TER declara en su fallo de 132 páginas que “don Jose Ramón Godoy Muñoz, ha incurrido en la causal de cesación del cargo de Alcalde para esa comuna”.

Además, señala que “una vez que se encuentre ejecutoriada la presente sentencia, don Juan Ramón Godoy Muñoz, quedará removido de su cargo, e inhabilitado de ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años”.

Recordemos que Godoy, exmilitante del PS, es investigado por el Ministerio Público por malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado. De hecho, el ahora exalcalde se encuentra en prisión preventiva.

Asimismo, enfrenta sendas querellas del Consejo de Defensa del Estado (CDE), así como del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La querella del CDE acusa a Juan Ramón Godoy de haber cometido una serie de irregularidades en su calidad de presidente de la Corporación Municipal y alcalde en ejercicio de dicha comuna, materializadas por medio de una administración desleal de los fondos públicos, ocasionado con ello un perjuicio económico al erario fiscal.

De acuerdo a los antecedentes contenidos en la investigación, el imputado habría cometido ilícitos como el pago de montos en exceso por licitaciones adjudicadas, la advertencia a particulares de una licitación venidera (y adjudicarla) aceptando por ello beneficios económicos o de otra naturaleza para sí o terceros.