En los últimos siete meses en materia de política exterior, el Gobierno ha llamado a consultas a dos de sus embajadores y ha presentado dos notas de protesta.
La última fue entregada a Venezuela, luego de las declaraciones del fiscal general de ese país, Tarek William Saab, quien calificó el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda como una operación de “falsa bandera”, que habría sido ejecutado por “cuerpos de inteligencia chilenos”.
El canciller Alberto van Klaveren, aunque tachó estas declaraciones como “inaceptables” e “incomprensibles”, dijo que no sorprenden.
Luego, el ministro profundizó señalando que Saab “se dio el gusto de darnos lecciones de cómo hay que usar una persecuión penal. La verdad es que creo –dijo van Klaveren- es la persona menos indicada como par dar lecciones”.
En el Congreso, la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, informó que Venezuela contestó la nota de protesta, de la forma en que el Gobierno preveía.
La Cancillería venezolana aseguró que el Ministerio Público de su país es independiente del Poder Ejecutivo de Nicolás Maduro.
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Recordamos el propio Presidente Gabriel Boric quien, al referirse a este tema, reiteró que Chile es un país “serio”, con Fiscalía “autónoma” e independiente de los otros poderes del Estado.
De la Fuente reiteró que el Gobierno sigue evaluando la utilización de todos los instrumentos diplomáticos. “Nada es descartable”, dijo, incluido un nuevo llamado a consulta del embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri.
Para abordar las polémicas de la relación con Venezuela, fue invitado a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, Manuel Monsalve.
En relación con el caso de Ronald Ojeda, abordó los cuestionamientos y acusaciones de “ingenuidad” con respecto al Convenio de colaboración policial con Venezuela, firmado el 18 de enero pasado.
Monsalve señaló que el convenio “no tiene ninguna relación” con el crimen de Ojeda, ya que las solicitudes que hace el Ministerio Público –y no el Gobierno, precisó– son con base en instrumentos de cooperación penal internacional entre fiscalías.
Además, sobre la efectividad del convenio, Monsalve instó a los parlamentarios a citar a la Policía de Investigaciones para dar cuenta de los resultados de este acuerdo.
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Califican respuesta de “vergonzosa”
Para el diputado de la UDI, Henry Leal, esta fue una respuesta “vergonzosa”, considerando que el propio Monsalve fue quien viajó a Venezuela a firmar este convenio.
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La diputada comunista, Alejandra Placencia, respaldó la posición del Gobierno de no romper relaciones diplomáticas con Venezuela para así cumplir con los objetivos de nuestro país, como la expulsión de inmigrantes irregulares.
Además, la parlamentaria se manifestó a favor de tener una sesión especial para “evaluar” el convenio de colaboración policial.
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El último anuncio de Tarek William Saab, el fiscal general venezolano, fue que va a solicitar a nuestro país el registro migratorio de Ronald Ojeda.
Esta petición la justificó señalando que quiere entender “por qué si el teniente fallecido vivía en Chile en condición de refugiado, entraba y salía del territorio para ejecutar acciones conspirativas contra la nación venezolana”.
Eduardo Picand, profesor de derecho internacional de la Universidad de Chile, explicó que, para ejecutar esta solicitud, ambos países ratificaron -y se encuentra vigente- la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
El académico aseguró que este tratado ampara a Chile, como Estado requerido, a rechazar la solicitud bajo ciertas condiciones, como que el delito sea militar, o sea común, pero con motivaciones políticas; o si la ejecución de la diligencia puede afectar al orden público chileno.
Con todo, Picand advirtió que se requiere una causa penal abierta en Venezuela.