La arquitecta Camila Ramírez, en representación de la Fundación Urbanismo Social, solicitó el inicio de un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes de la empresa deudora.
Recordemos que en junio de 2023 se dio a conocer el caso Convenios, lo que produjo un “cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector de vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia”.
“Los distintos órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con los cuales la Empresa deudora mantenía convenios de transferencias de dineros respondieron paralizando virtualmente sus actividades, lo que se tradujo en situaciones tales como inconsistencias respecto a las respuestas entre Serviu y Seremi; silencio administrativo de las contrapartes técnicas de organismos públicos; paralización de la revisión de las rendiciones mensuales que se ingresaban para dar cuenta del uso de los recursos (…)”, se lee en el texto al que tuvo acceso La Radio.
Añadiendo que “en vez de evaluar sus procesos administrativos y responder conforme a lo estipulado en los convenios firmados, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus organismos dependientes, así como otros órganos de la Administración del Estado con los que la solicitante había contratado, decidieron la terminación de los convenios celebrados (…)”.
Por ejemplo, “la terminación anticipada de convenios cuya ejecución no había comenzado privó a la Fundación de dineros que, producto del contrato, se habían incorporado en su programación de caja, obligándola en algunos casos a restituir las cantidades íntegras que ya habían sido percibidas por la solicitante”.
La solicitud de quiebra de esta empresa, que llevaba 15 años funcionando, fue ingresada el pasado 5 de junio ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago.
Urbanismo Social solicita su quiebra
Dentro de los convenios celebrados se menciona uno con la Municipalidad de Santiago, con fecha 3 de julio de 2023, donde se puso término al convenio de transferencia de recursos del proyecto denominado “Diseño de arquitectura y especialidades rehabilitación Avenida Portales…”, por la suma que asciende a los $121.922.433. Esta cantidad no fue percibida por la empresa deudora.
Se menciona además el término anticipado del convenio de transferencia de recursos suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la empresa deudora, con fecha 5 de diciembre de 2023. Además, se ordenó la restitución de la totalidad de los recursos entregados ascendentes a la suma de $264.950.000. Este dinero se encuentra en caja y retenida por resolución judicial.
En tanto, el 28 de diciembre de 2023, la Secretaría Regional Ministerio de la Vivienda de Antofagasta, terminó un convenio y exigió la restitución “total o parcial” de los recursos transferidos. La suma asciende a los $175.000.000. A esto se suman $52.000.000 en un convenio de transferencia de recursos del programa de Asentamientos Precarios.
También se suma otro convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, el cual terminó el 30 de enero de 2024. Aquí se pidió la restitución “total o parcial” de los recursos transferidos, es decir, $82.000.000. Esa misma fecha, y en los mismos términos, se terminó un convenio por $55.000.000.
“Del total de los dineros cuya restitución se ha ordenado, el Fisco de Chile ha demandado la restitución de la suma de $123.000.000, correspondientes a los dos primeros convenios indicados, no obstante encontrarse no ejecutados $16.340.801, cantidad que se encuentra en caja, y sujeta a retención judicial”, señala el documento.
Despidos
En el escrito se indica que “la situación financiera provocada por las actuaciones desplegadas por los órganos de la Administración del Estado, obligó a la empresa deudora a poner término progresivamente a la casi totalidad de sus trabajadores”.
“Esta terminación de contratos, que no se encontraba prevista y que se hacía indispensable para evitar contraer deudas de carácter salariales o previsionales, supuso que la solicitante ha quedado obligada al pago de finiquitos por la suma de $274.807.166.-, cantidad que actualmente es adeudada a los trabajadores, muchos de los cuales ya han iniciado las acciones judiciales destinadas a su cobro”, se consigna en el documento.
Dentro de la solicitud se menciona que el conocimiento público del caso Convenios “generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante, lo que unido a la interposición de acciones judiciales por parte del Estado y sus instituciones, y las correspondientes medidas precautorias concedidas, significaron la pérdida de otros proyectos con el sector público y privado, aumentado la merma de ingresos”.