El fiscal regional, Patricio Cooper, se hizo cargo de los errores que cometió la Fiscalía de Los Vilos, la cual, envió a un abogado asistente, Luis Soto, en su representación, a la audiencia de revisión de medidas cautelares contra cinco miembros del Tren de Aragua, imputados por secuestro agravado entre otros delitos.
Producto del desconocimiento que el profesional mantenía sobre la carpeta de investigación del caso, la jueza del tribunal de Los Vilos, Daniela Pinto, sustituyó la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario.
Ante los cuestionamientos surgidos por esta situación, en una declaración remitida por el fiscal regional, este anunció una investigación administrativa por lo sucedido en la audiencia con los miembros del Tren de Aragua.
“La Fiscalía Regional de Coquimbo ha dispuesto la realización de una investigación administrativa en la Fiscalía de Los Vilos ante lo ocurrido en la audiencia de revisión de medidas cautelares en una causa de imputados por secuestro en dicha localidad”, dijo Cooper.
En ese sentido, añadió que, con dicha medida, se busca establecer el nivel de cumplimiento de las directrices enviadas con anterioridad para la debida preparación de la audiencia por parte de fiscales y abogados asistentes.
“Junto con esa medida administrativa para ver qué ocurrió al interior de la Fiscalía, y que nos hacemos cargo, tomamos decisiones rápidas respecto a la causa misma”, reconoció.
“Ese mismo día se procedió a presentar un recurso de apelación ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, recurso que fue acogido y que revocó la decisión judicial inicial y, al mismo tiempo, procedimos a coordinarnos con las policías para la debida detención de los imputados y justamente anoche (el miércoles) uno de estos imputados fue detenido, volviendo a prisión preventiva”, argumentó el fiscal regional.
De paso, dejó en claro que como Fiscalía Regional estaban enfocados en poner su mejor esfuerzo en la persecución penal de delitos que tanta conmoción pública causan.
Cabe recordar que, durante la polémica audiencia de revisión de cautelares, el abogado asistente reconoció ante la jueza del Tribunal de Garantía que desconocía los antecedentes de la causa contra los imputados por secuestro, por lo que no pudo rebatir cada punto alegado por la defensa de los acusados y sus argumentos no fueron claros para la magistrada.
Según antecedentes recabados por Diario El Día, el profesional llevaba, además, solo cinco meses trabajando en la fiscalía de Los Vilos, en donde existe un solo fiscal.
Lo sucedido también ha generado críticas desde el mundo político. De hecho, el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó lo sucedido.
“Probablemente, no estoy justificando a la decisión (de la jueza), pero hay (una falla), es muy evidente cómo se produce el debate y eso probablemente generó la disposición de que si el Ministerio Público no estaba actuando con precisión, entonces correspondía acoger la solicitud de la defensa”, dijo en entrevista con Infinita.
Al respecto, el diputado UDI por Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, envió un oficio pidiendo un informe exhaustivo sobre las razones que llevaron a la ausencia tanto del fiscal titular como del fiscal suplente en dicha audiencia.
“Es fundamental conocer los motivos específicos de las ausencias de los fiscales titulares, así como saber el tiempo de anticipación con que el abogado adjunto fue asignado a la audiencia”, subrayó Sulantay.
“Necesitamos saber qué pasó en esta audiencia y descartar posibles amenazas a funcionarios, o irregularidades como la situación sucedida en Arica con el juicio de “Los Gallegos” y así identificando posibles fallos en el sistema y proponer mejoras que eviten futuras irregularidades”, finalizó.
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