Diputados independientes y del PPD llegaron hasta las dependencias de la Contraloría General de la República, para ingresar un requerimiento de fiscalización y solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio.

El diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Minería, Cristián Tapia, señaló que “creemos que todo el procedimiento bajo nuestro punto de vista está viciado, porque aquí no se hizo una licitación abierta con llamados a actores internacionales que trabajan desde hace tanto tiempo en litio”.

“No entendemos todavía cuál fue el apuro. Este contrato vence recién el 31 de diciembre del 2030, que es el contrato que tiene estipulado Corfo con Soquimich. Entonces, la verdad es que a nosotros nos parece muy extraño, porque esto ni siquiera se trató en la Comisión de Minería, ni del Senado, ni de la Cámara de Diputados (…)”, comentó Tapia.

Añadiendo que, “por otro lado, sabemos que el socio estratégico de Soquimich, como Tianqi, tampoco le pareció esta negociación porque no estuvieron incluidos en ninguno de estos procesos. Esperamos que Contraloría haga esta fiscalización y se pronuncie ante los hechos que nosotros estamos describiendo”.

En ese sentido, la diputada independiente, Camila Musante, argumentó que “acá hay una cuestión que tiene que ver con la familia Pinochet, pero más allá de la propia exclusión, cuando hablamos de la explotación del litio, estamos hablando de una cuestión que es de interés nacional, que es estratégica (…)”.

“Este requerimiento lo que busca no solamente es dar cumplimiento a las normas de prioridad y de transparencia, y a conocer las razones en torno a la falta de licitación dentro de esta negociación, sino que además resguardar el interés nacional que está en torno a la explotación del litio”, expresó la diputada Musante.

Por su parte, el diputado PPD, Raúl Soto, quiso “desdramatizar el hecho de que diputados oficialistas de centro-izquierda estemos fiscalizando una acción del gobierno, de nuestro gobierno (…)”.

“En ese contexto, desde la perspectiva política, lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric es entregar un trato directo a los nietos de Pinochet, eso, desde nuestra perspectiva, es una traición al pueblo de Chile, es una inconsecuencia muy grande ante el silencio cómplice de la izquierda y con el acuerdo de la derecha económica”, aseguró el diputado Soto.

“Asimismo, creemos que la forma jurídicamente en la cual se ha llevado adelante este acuerdo no es transparente, que ha sido de espaldas a la ciudadanía, que no se ha entregado de manera adecuada la información para tomar las mejores decisiones, que ha sido un proceso sin competencia, a puertas cerradas, y eso no es lo que espera la ciudadanía hoy día”, añadió el parlamentario.

En tanto, el diputado Independiente-PPD, Héctor Ulloa, recalcó que “llama la atención la pasividad, ese silencio incómodo, cómplice de prácticamente toda la clase política, en aceptar el trato directo de la riqueza nacional más importante que tenemos hoy día como chilenos (…)”.

“La única cosa que se nos dice hoy día es que es un buen negocio, pero eso significa prácticamente aceptar a través de un acto de fe, un acto de voluntad, cuando no se ha entregado antecedente alguno para avalar dichas afirmaciones”, concluyó el diputado Ulloa.