El diputado Cristóbal Urruticoechea presentó un proyecto de ley que busca la instalación de manera obligatoria de cámaras de seguridad de alta definición, en todas las guarderías y salas cuna, tanto públicas como privadas.
El objetivo de esta iniciativa es resguardar la seguridad e integridad de los menores bajo el cuidado de estos recintos, tanto en áreas comunes y de acceso, excluyendo los baños y áreas de cambio de ropa del personal a cargo y siempre resguardando, tanto su privacidad, como la de los menores.
La propuesta busca modificar la Ley 20.032, que establece la Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, como una forma de ofrecer una herramienta adicional para asegurar la protección.
“Los casos de abusos e intentos de vulnerar la inocencia de los niños son hechos reales. No podemos ni debemos cruzarnos de brazos esperando un desenlace monstruoso para una familia completa”, sostuvo el parlamentario.
En ese sentido, el legislador por el distrito 21, dijo que “hay casos de violencia y de abuso en los establecimientos de primera infancia. Es imprescindible que esto quede al descubierto y que por ningún motivo aquellas mentes distorsionadas, que debiesen velar por nuestros hijos, se salgan con la suya”.
“Una buena herramienta para frenar los malos tratos y los abusos será contar con cámaras de vigilancia de forma obligatoria en todos los rincones de los lugares en donde quedan nuestros hijos, se supone, para ser cuidados con amor y cariño”, aseveró.
Cámaras de seguridad de alta definición
En el documento, el legislador recuerda dos casos de graves agresiones tanto físicas como psicológicas ocurridos en las regiones Metropolitana y de Antofagasta, en los años 2019 y 2021, respectivamente.
El proyecto de ley establece que los dispositivos deben cumplir los requisitos de alta definición, almacenamiento seguro de las grabaciones por un periodo mínimo de 60 días, y acceso restringido a estas.
Asimismo, solicita que sea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el responsable de fiscalizar y de establecer los mecanismos para la adecuada supervisión.
Finalmente, para aquellos establecimientos que no cumplan con la disposición, la iniciativa contempla multas que van desde 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), dependiendo de la gravedad y la reincidencia.
