La Contraloría inició una investigación tras la denuncia que asegura que los inhibidores de señales de teléfonos celulares en cárceles funcionarían solo en horario de almuerzo.
Recordemos que en abril pasado el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que el sistema estaba funcionando en tres cárceles de la región Metropolitana.
Lo anterior, como parte de una de las medidas que impulsó el Gobierno ante la crisis de seguridad que se vive en el país, donde muchos delitos son coordinados por delincuentes tras las rejas.
El mismo secretario de Estado, detalló que se trata de tecnología israelí -con un costo de unos $10 mil millones- que incluye no solo la inhibición de las señales de los teléfonos celulares, sino que también su georreferenciación y si hay equipos encendidos al interior de un recinto penal.
Asimismo, sostuvo que el proceso fue supervisado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para no afectar las señales de celulares del entorno de los recintos carcelarios.
No obstante, el proceso estaría funcionando “a medias”, según denunciaron a Contraloría un grupo de diputados de la UDI, encabezados por Juan Manuel Fuenzalida, junto a Juan Antonio Coloma, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez y Henry Leal.
“Hemos tomado conocimiento que el proceso de instalación de inhibidores de señales telefónicas en recintos penitenciarios, así como el funcionamiento de dichos dispositivos, ha presentado retrasos y obstáculos desde que el Gobierno anunció el plan que permitiría materializar esta importante medida para combatir a integrantes de peligrosas bandas del crimen organizado que siguen operando desde las cárceles en coordinación con otros miembros de asociaciones que se encuentran en el exterior”, acusan.
“La denuncia que hemos recibido expone que el 30% de los dispositivos serían encendidos, pero de manera intermitente, por lo que en algunos momentos del día no se encontrarían operativos, funcionando solo en horario de almuerzo del personal de Gendarmería, desde el mediodía hasta las dos de la tarde -aproximadamente-“, añaden.
“A su vez, no se estaría logrando la neutralización o interferencia efectiva de las señales en todos los sectores, ya que todavía hay casos en que internos realizan grabaciones con celulares, cuyo registro ha sido difundido, incluso, por redes sociales”, señalan.
De hecho, es posible encontrar videos de internos realizados al interior de los recintos penales, que son compartidos por sus redes sociales.
Incluso, según fuentes de Radio Bío Bío al interior de Gendarmería, los internos comercializan videos sexuales que graban en sus celdas, así como relatos eróticos y otros tipos de registros con contenido para adultos, que comparten en WhatsApp o Telegram, por el que recibirían importantes sumas de dinero.