ZOFRI S.A., una Sociedad Anónima abierta, fiscalizada por la Comisión del Mercado Financiero (CMF), emitió un comunicado en medio de la indagatoria por presuntos vínculos de Hezbolá. La empresa, que es mayoritariamente propiedad del Estado, está sujeta a la revisión de la Contraloría General de la República (CGR) y mantiene una vinculación permanente con la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio Nacional de Aduanas, Impuestos Internos y todos aquellos servicios relacionados con el régimen franco.
“Nos hemos enfocado en modernizar los controles y hacer foco en la transparencia de nuestra gestión y la de los usuarios“, señaló Jaime Soto Zura, gerente general de ZOFRI S.A. “Es por ello que contamos con un Modelo de Prevención del Delito, el que permanentemente se encuentra en revisión para responder a los desafíos legales que siempre están actualizándose“, añadió.
Según la empresa, ha sido especialmente activa en la creación de sistemas de control interno y “reportamos periódicamente a la Unidad de Análisis Financiero nacional cualquier actividad que pueda considerarse sospechosa“. Además, “mantenemos un trabajo constante y coordinado con las policías y fiscalía”, reforzó el representante.
En esa línea, el comunicado señala que en los próximos días, ZOFRI S.A. tiene programada una nueva capacitación a usuarios, a cargo del director nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En esta capacitación se relevará el rol que poseen como entidades que reportan al sistema.
Este comunicado se produce en medio de reportes sobre una investigación reservada que está llevando a cabo la Fiscalía sobre posibles movimientos de Hezbolá en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI).
Ministra Vallejo afirma que no hay nuevos antecedentes
La ministra Camila Vallejo se refirió a la nueva información que se conoció respecto de los dos ciudadanos iraníes detenidos en 2023 en el aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago con pasaportes falsos. “El Ministerio Público está llevando a cabo, en la actualidad, una investigación declarada secreta”, comenzó diciendo la autoridad.
La Ministra agregó que se trata de una indagatoria sobre actividades comerciales de personas con origen o nacionalidad libanesa que podrían estar ligadas a financistas de Hezbolá. “Es una investigación que involucra a personas iraníes que estaban de tránsito en el país, que se descubrió que no tenían una documentación real, sino falsificada”, complementó.
La secretaria de Estado dijo que la investigación y el informe son reservados y que el Gobierno no entiende por qué llegó a filtrarse. “Lo que podemos decir es que lo que se entregó no son nuevos antecedentes y son bastante generales”, cerró.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, también se refirió a los antecedentes que se conocieron durante esta jornada respecto a una posible presencia de Hezbolá en el norte del país.
“Cuando se trata una investigación, con un asunto que es reservado, el Ministerio Público no puede ni afirmar ni negar la existencia de la misma“, indicó el persecutor.
Respecto a la posible fuga de los dos ciudadanos iraníes detenidos con pasaportes falsos en aeropuerto de Santiago, Valencia aseguró que “es una causa que nos preocupa”. “Se encuentra a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente (…) pero por supuesto, la existencia de imputados prófugos no es un tipo de situaciones que contribuye a que la investigación termine positivamente”, cerró.