En prisión preventiva quedaron 9 de los 17 integrantes de una red de distribución de material pornográfico y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.
Los otros ocho imputados quedaron con cautelares de menor intensidad, luego de una extensa indagatoria llevada adelante por la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones.
Dentro de las diligencias, se pudo establecer la presencia de 10.127 imágenes almacenadas, en los dispositivos de los acusados, quienes difundían y el material por medio de grupos de chat.
Dos de los imputados fueron capturados en ciudad de Arica, así como dos también en Antofagasta y otros dos en Valparaíso. En tanto tres fueron detenidos en la región del Bío Bío y ocho de Santiago.
Se trata de hombres de entre 20 y 72 años, quienes arriesgan penas que van entre los 541 días quienes están imputados por el delito de almacenamiento y de hasta 10 años quienes son acusados de la distribución.
Cae red nacional de distribución de pornografía infantil
Se trata de hombres de entre 20 y 72 años. La operación de carácter nacional es comanda por el fiscal Emiliano Arias y la Fiscalía Regional de O’Higgins, puesto que el Ministerio Público decidió agrupar la indagatoria en solo una oficina persecutora.
Pese a la gravedad de los delitos, la Fiscalía logró la prisión preventiva en el caso de aquellos acusados de la distribución. Sin embargo, para quienes fueron imputados por el delito de almacenamiento, no se concretó debido a que las penas son menores.
El listado de los imputados es el siguiente:
– Ricardo Patricio Aguirre Araya
– Jordán Josué Tapia Valdés
– Carlos Ariel Marmolejo Maldonado
– Hernán Humberto Farías Mieres
– Ricardo Augusto Acuña Sobarzo
– Ángel Ignacio Salgado Mancilla
– Leonel Enrique Pastenes Salas
– Luis Arturo Jamett Alvarado
– Fernando Andrés Guajardo Pavez
– Roberto Carlos Antonio González Tapia
– Cristóbal Nicolas Vergara Castillo
– Cristóbal Martín Curimil Matías
– Basilio Luciano Payauna Román
– Oscar Rodrigo García Guerra
Algunos de los imputados fueron defendidos por la Defensoría Penal Pública y otros utilizaron abogados privados. En la instancia solicitaron se les ocultara el rostro y sus identidades, lo cual fue denegado.
Queda conocer en la indagatoria si el material era producido en territorio nacional o era recibido desde el extranjero, en un caso donde la Defensoría de la Niñez actuó como querellante.