A raíz de la resolución inhibitoria emitida por parte de la ministra en visita, Jenny Book Reyes, que fue remitida al Juzgado de Garantía de Arica y que señala que la investigación del caso será dirigida por la justicia militar, integrantes de las comisiones de Defensa de ambas cámaras, presentaron desencuentros frente a esta determinación.
El diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, apoyó dicho dictamen, señalando que la Institución ya relevó de su cargo a funcionarios que estuvieron directamente involucrados en la tragedia.
“La justicia militar, a propósito del caso de Putre, ya ha mostrado, a través de su comandante en jefe, el hecho de poner a disposición siete cargos de las personas que tenían relación de mando con los hechos ocurridos en Putre”, sostuvo el parlamentario.
“Pero no sabemos si la justicia civil, de los 130 muertos quemados vivos en Viña del Mar, de los casi 60 muertos en La Araucanía, si vamos a tener o no respuesta”, añadió Becker.
Por otra parte, el diputado independiente de la bancada del Partido Socialista, Tomás de Rementería, dijo que no le corresponde a la justicia militar actuar en el caso, ya que los conscriptos no son miembros permanentes de las Fuerzas Armadas.
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El senador independiente, Kenneth Pugh, sostuvo que lo ocurrido en Putre se dio en el marco de una actividad militar, por lo que dichos tribunales tendrán las competencias para abordar el caso.
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Recordemos que al menos 10 oficiales a cargo de la brigada fueron relevados de sus cargos “en beneficio directo del desarrollo de las investigaciones en curso”.