El próximo 30 de mayo se sabrá si la justicia militar o la civil se quedan con la causa vinculada a la fatal marcha de conscriptos en Putre, donde murió Franco Vargas (19).
El pasado miércoles, la Corte Suprema designó a la ministra en visita para investigar la campaña que emprendieron decenas de jóvenes del regimiento Huamachuco.
Se trata de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, quien inmediatamente viajó a la zona para recabar mayores antecedentes.
“Llegué muy temprano a Putre. De ahí nos desplazamos a Pacollo, que es el lugar donde ocurrió el deceso del conscripto Vargas. Hice el recorrido, la caminata que él hizo”, señaló durante su primer día de inspección.
Asimismo, indicó que pudo apreciar el lugar donde durmieron los conscriptos esa noche, además del punto en el que se desplomó el fallecido aspirante militar.
Tras reconocer este terreno, la ministra Book se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre, donde llegó el cuerpo de Franco Vargas el pasado 27 de abril.
Cabe recordar que el Ejército afirmó que el joven llegó con vida, pero esta versión fue refutada por Aldo Rivera, director del recinto médico, quien explicó que “esta persona venía sin signos vitales, ni tampoco con respuesta a estímulos verbales ni físicos”.
Conscriptos: investigación de la Fiscalía
En paralelo a la investigación de la Corte Marcial, la Fiscalía Regional de Arica también se encuentra recabando sus propios datos.
Todo comenzó con una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad que acusó apremios ilegítimos contra los conscriptos que participaron de la fatídica marcha en Putre.
Según consignó El Mercurio, el fiscal regional y el jefe de Arica, Mario Carrera y Anatole Larrabeiti, pidieron al Ejército todas las fichas de los cadetes y sus exámenes médicos previos a la tragedia.
Además, solicitaron información respecto a los protocolos de instrucción, las órdenes del día —una especie de hoja de ruta— y antecedentes sobre las jefaturas y sus decisiones.
“Como Fiscalía, cada vez que un ciudadano o una institución facultada para ello presenta algún tipo de denuncia o querella, tenemos la obligación, no es una facultad, sino que la obligación de asignar un número de causa, de designar un fiscal y de hacer aquellas diligencias básicas que sean necesarias para que no se pierda algún tipo de medio de prueba al futuro”, sostuvo Carrera.
Respecto a la investigación paralela de la ministra Jenny Book, indicó que “hemos llevado variadas investigaciones (…), algunas similares y otras no. De quedar radicada la causa en la jurisdicción (civil), tenemos la experiencia suficiente”.