El 17° Juzgado de Garantía de Santiago dictó al disolución de la fundación Democracia Viva, que desató uno de los mayores escándalos políticos del último tiempo en junio del año pasado.
Fueron tres los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada en ese entonces por Carlos Contreras, y la organización de Daniel Andrade para desarrollar dudosos proyectos en la región. Hoy, ambos se encuentran imputados por el delito de fraude al Fisco.
En paralelo a este proceso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda que terminó en la cancelación y disolución de la personalidad jurídica de Democracia Viva.
Según expone La Tercera, se dio por acreditado que la fundación incumplió sus propios estatutos e infringió el objeto social y patrimonial vinculado al Código Civil.
En detalle, no se aplicó el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, las sesiones se realizaban con menos de los integrantes requeridos, las actas no contaban con todas las firmas y a veces, simplemente, no sesionaban.
Por otra parte, su aporte social ($300.000) se gastó casi íntegramente en la constitución de la fundación y no en la consecución de su objetivo social.
En cuanto a los polémicos convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que suman un monto de $426 millones, se pudo constatar que “en nada dicen relación con su objeto social”.
Finalmente, se especificó que este objeto es ambiguo y carente de definiciones concretas. “No existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación atendido lo vago e indeterminado del fin”, se aclara.