La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió -y defendió- el proyecto de ley corta de isapres que fue aprobado durante esta semana en la comisión mixta del Congreso.
Recordemos que parlamentarios, incluso de oficialismo, han manifestado su rechazo a cómo está quedando la iniciativa y anunciaron su voto en contra. El proyecto será votado el próximo lunes 13 de mayo en el Senado.
Entre lo que se votó, y despachó, están las indicaciones del Ejecutivo, lo que dejó un plazo de 13 años para la devolución de cobros en exceso y, además, para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema.
Sobre, la titular de Salud dijo que como Ejecutivo se logró “un acuerdo en la comisión mixta, un acuerdo mayoritario (…) y ciertamente hubo dos aspectos en donde no hubo un voto de consenso”.
Ley corta de isapres
Entre lo que genera controversia, dijo la ministra Aguilera, está los años de plazo y “la modalidad de cobertura complementaria que se votó, junto con el Índice de Costo de la Salud, en que se solicitó que se prorrogara la mecánica de cálculo, no así la cifra”. Esto “durante un periodo o mientras nosotros no cambiemos la normativa”.
Igualmente, dijo que espera que “efectivamente haya una acogida por parte de las mismas bancadas. Por cierto que vamos a seguir trabajando en explicar las implicancias de esta ley corta”.
“Recordar que hasta el día de hoy siguen incurriendo en cobros en exceso a las isapres, porque no se ha implementado la ley corta y que eso es una parte fundamental de la implementación de dicha ley”, agregó.
A la vez, destacó Aguilera, el acuerdo contempla que “se va a pagar todo lo adeudado, excepto lo que ya se haya devuelto vía excedente y que se han dado facilidades nuevas para ese pago en el sentido de permitir que las isapres puedan pagar en efectivo”.
En cuanto a la crítica por los plazos, la autoridad de salud explicó que “son todos plazos máximos de cinco años y si bien se ha debido incurrir en algunas medidas que mitiguen el impacto financiero de esta sentencia (…) todas han sido acotadas y exigen un esfuerzo de la industria para reducir los gastos, mejorar la eficiencia”.
A continuación, la ministra explicó que “si la sentencia se implementa sin ley, implica que el solo hecho de que la deuda figure en los indicadores, lleva a indicadores que reflejan insolvencia”.
Igualmente, la secretaria de Estado destacó que la idea es dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, “pero que se cumpla de una forma que mantenga una viabilidad del sistema”.
Es cierto que es una ley compleja, que tiene distintos elementos que es necesario rescatar y entre ellos yo quiero destacar uno.