La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, valoró la aprobación de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y destacó particularmente el rechazo de la norma que pretendía llevar a la justicia militar los casos en que uniformados cometieran delitos durante el ejercicio de sus funciones.
Recordemos que, durante una maratónica jornada llevada a cabo este viernes, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime las RUF, mientras que la norma que buscaba reponer el rol de los tribunales castrenses fue declarada inadmisible con 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención.
Vallejo criticó a la oposición por haber presentado dicha propuesta y aseguró que, de aprobarse, implicaría un retroceso y provocaría un daño a la democracia.
“Este tema, que se puso de la noche a la mañana, lo que ha buscado es polarizar el debate y no buscar los acuerdos que puedan respetar y resguardar el Estado de derecho y los estándares democráticos que tenemos para estos casos”, sostuvo la vocera de Gobierno.
“No podemos tener tantas justicias aparte, porque eso debilita una democracia, debilita la transparencia y la garantía de los debidos procesos en esta materia”, agregó.
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Oposición insistirá en Senado con norma sobre justicia militar
Ante el rechazo de la medida en la Cámara, desde el Partido Republicano afirmaron que insistirán con esta indicación en el Senado, ya que aseguran que existe un “inaceptable nivel de persecución” en los tribunales ordinarios contra los uniformados.
Visión que es compartida por el diputado de RN y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, José Miguel Castro, quien aseguró que “es necesario darle toda la certeza a los militares” y entregarle “apoyo a Carabineros”.
“Por supuesto que es un avance el tema de las RUF, pero sin lugar a dudas, la justicia militar es algo que se debe reponer”, indicó.
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La iniciativa legislativa aprobada sobre las RUF define el uso de la fuerza como “aquella ejercida por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para dar eficacia al derecho. Esto en virtud del deber del Estado de resguardar y garantizar el orden y la seguridad pública interior, conforme a la Constitución y las leyes”.
Asimismo, la Sala de la Cámara respaldó la propuesta de las comisiones unidas de Seguridad y Constitución sobre los principios que guiarán a los funcionarios en el uso de la fuerza. Aquí se consideraron principios tales como el de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.