El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, defendió la polémica indicación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que deriva a la justicia militar los delitos cometidos por uniformados.
Recordemos que ayer, la moción fue aprobada por las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Cabe mencionar que el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad respecto a la indicación, por lo que el senador, en conversación con El Diario de Cooperativa, dijo que “las mismas personas que han sido sometidas al tratamiento de tribunales ordinarios han manifestado que la poca especialización de ellos, muchas veces lleva a que se juzguen supuestos delitos cometidos por militares o carabineros desde la perspectiva del dolo, de la culpa, de la negligencia en el actuar, como si se tratara de situaciones comunes y corrientes, de delincuentes comunes”.
Reglas de Uso de la Fuerza e indicación sobre justicia militar
En relación a la justicia militar, Macaya sostuvo que “tiene una perspectiva de conocimiento, de especialidad en la mirada de los delitos que cometen militares, versus la que puede tener un Juzgado de Garantía o un Tribunal Oral en lo Penal, que es especializada”.
“No se trata de generar privilegios, sino que de generar especialización. Cuando a un carabinero o a una persona de las Fuerzas Armadas se le encomienda defender al Estado de Chile, y tener el monopolio del uso de la fuerza, de las armas (…), evidentemente hay una necesidad de tener una justicia especializada en el comportamiento de estas personas”, recalcó el parlamentario.
Según Macaya, si se continúa con el modelo actual, “es evidente que el resultado, más allá de la legislación que apliquemos, va a tener un problema de sesgo para esas personas”.
En tanto, el presidente de la UDI manifestó que si se despacha la norma tal como está, no significa que “vamos a volver a lógicas antiguas, de los 80′ o de los 70′, del gobierno de Pinochet; se trata de buscar la especialización adecuada para la persecución penal de personas que no son delincuentes comunes, donde tiene que haber una presunción de derecho que les ampare en el uso de la fuerza”, puesto que el sistema ordinario “muchas veces los tiene de manos amarradas”.
Este viernes se votará el proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.
