Ayer, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobaron una polémica indicación que deriva a la justicia militar los delitos cometidos por uniformados. Todo esto en medio del despacho del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).
Por ende, este viernes se vota en Sala esta iniciativa.
Luego de un intenso debate por la admisibilidad del artículo antes mencionado, el cual terminó con 14 votos a favor y 12 en contra, fue finalmente respaldado con la misma cantidad de votos.
Recordemos que esta indicación fue presentada por los diputados: Andrés Jouannet (Amarillos), Ximena Ossandón, Camila Flores, Andrés Longton y Diego Schalper, de Renovación Nacional, los UDI Jorge Alessandri y Henry Leal, y Gloria Naveillan (IND).
En concreto, el texto -que integra un nuevo artículo que modifica la competencia de los tribunales militares- señala que “durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia, los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.
Esta ley considerará como militares a los funcionarios que pertenecen a las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Reglas de Uso de la Fuerza
Previo a la votación, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, dijo que la norma era inadmisible, puesto que escapaba de las “ideas matrices” del mensaje presidencial y afirmó reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo.
“Siempre el autor, el mocionante, o el Presidente de la República cuando presenta mensaje, son los que determinan cuáles son las ideas matrices de un proyecto de ley, y el sentido de las ideas matrices es muy relevante, ya que permite que no se aborden materias que no han sido objeto del debate parlamentario con la suficiente acuciosidad y con el tiempo necesario”, manifestó el secretario de Estado.
A raíz de esto, Elizalde precisó que harán “la reserva de constitucionalidad en la eventualidad de que esto tenga que ser resuelto por el órgano jurisdiccional correspondiente”.
En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que es necesario que cuando se decide una jurisdicción, “no hay que darle garantías a una parte, hay que darles garantías a todas las partes”.
“Si el Congreso empieza a decir ‘queremos que el tribunal tal vea esto, porque así le damos garantías a una parte’, estamos mal. Los tribunales tienen que aplicar la ley, y tienen que aplicarla respecto de acusados y acusadores, y tiene que darle garantías a ambos”, sentenció.