Una posible presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) evalúan las víctimas de la emergencia ambiental de Quintero y Puchuncavi, tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin responsables los hechos ocurridos hace casi seis años en el cordón industrial de Valparaíso.
La investigación del Ministerio Público fue abierta en agosto de 2018, luego de un incidente en Talcahuano que obligó a la evacuación del principal mall del área, además de una clínica privada.
A ese episodio, se sumó después la emergencia ambiental que obligó a la atención médica de habitantes de Quintero y Puchuncaví.
La Fiscalía atribuyó ambos hechos, primero, al trasvasije de un cargamento de crudo iraní que recibió Enap y que se hizo en la Bahía de Concepción, generando una nube de ácido sulfhídrico, y después en Valparaíso a raíz del tratamiento del petróleo.
Fueron acusados seis ejecutivos de la estatal, pero el Tribunal Oral absolvió a los de la refinería en Hualpén y sólo condenó a los responsables de la planta en Concon, fallo revocado ahora por la Corte Suprema, al estimar que por no ser el ácido sulfhídrico una sustencia peligrosa, no podía aplicarse responsabilidad por el delito de manejo de residuo tóxico.
Para el abogado Remberto Valdés, que representó a las victimas del cordón industrial, la sentencia de mayoría, tres votos contra dos, se debió a un aspecto más bien técnico y por ello analizando la posibilidad de ir a tribunales internacionales.
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La arista penal es independiente de la arista civil que sigue su curso, y también de la responsabilidad administrativa ya acreditada, recordó Valdés.
Por eso, llamó al Gobierno a agilizar las medidas que terminen con Quintero y Puchuncaví como zona de sacrificio, compromiso contraído durante la campaña del entonces candidato Gabriel Boric.
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A pesar de las consultas de Radio Bío Bío, no hubo reacción ni de Enap ni de la Fiscalía frente a la sentencia.