La iniciativa establece que tribunales militares aborden delitos que se imputen a uniformados en actos de servicio durante Estados de Excepción Constitucional.
La Comisión unida de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la indicación sobre el rol de la justicia militar en el proyecto de ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).
La iniciativa establece que los delitos de militares y carabineros pasen por la justicia militar cuando ocurran en Estados de Excepción y defensa de Infraestructura Crítica.
Respecto a esta indicación, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, anunció reserva de constitucionalidad por parte del Gobierno, afirmando que era inadmisible y que se escapa de las “ideas matrices” del Ejecutivo.
La normativa fue impulsada por parlamentarios de oposición, y en esta jornada fue aprobada con 14 votos a favor y 2 en contra, luego que el diputado Miguel Ángel Calisto se plegara a último minuto.
Reacciones tras la aprobación de la indicación
Para Calisto, apoyar esta medida permite forzar al Gobierno a dar más garantías a los militares para actuar, pese a que no está de acuerdo con la justicia militar.
Incluso el diputado cree que el Senado o el Tribunal Constitucional rechazarán esta propuesta.
En el Gobierno, los ministros Carolina Tohá y Álvaro Elizalde expresaron su molestia y buscaron convencer a los parlamentarios de que esta idea estaba fuera de la idea matriz del proyecto.
Incluso la ministra Tohá adelantó que la prensa haría de ésta votación el principal tema, pese al largo e intenso debate. Los parlamentarios asumen que el Gobierno va a vetar esta norma o enviarla al TC si es que llegara a aprobarse en el Congreso Nacional.
A la salida de la Comisión, la secretaria de Estado afirmó que hablaría este viernes y no emitió mayores comentarios.
Pero solo un par de horas antes reconoció disconformidad con cómo estaban quedando algunos aspectos del proyecto y recordó que todavía queda mucho trámite.
Por su parte, para la oposición era de extrema importancia que estas actuaciones pasaran por la justicia militar. Durante la discusión, diputados como Christian Labbé, Gloria Naveillán y Luis Fernando Sánchez, decían que no eran necesarias las Reglas del Uso de la Fuerza.
Además, tocaron un tema que fue de intensa discusión, deslizando que quedó de manifiesto que varios parlamentarios no confían en los fiscales ni en los jueces. Incluso durante esta semana los llamaron “sesgados”, “ideológicos” y hasta “cobardes”.
El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, planteó que la idea de esta indicación es que sean tribunales especializados los que juzguen a los militares y que eso es “una buena noticia”.
En tanto, el diputado socialista, Raúl Leiva, recordó que la votación se aprobó solo por un voto y que este viernes la Sala tiene un quórum de 78 votos. Los que para la oposición deberían ser difícil de alcanzar.
Él y otros diputados como Jaime Araya y Gonzalo Winter, argumentaron que esta iniciativa era de facultad exclusiva del presidente de la República, y que no estaba en las ideas matrices del proyecto, lo cual significa que era abiertamente inconstitucional.
La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, enumeró las características de un tribunal militar y que a su juicio esta decisión es un “retroceso”, criticando que las sesiones sean secretas, añadiendo que los jueces tienen exceso de facultades y pueden decretar medidas cautelares solo con la sospecha.
Cabe destacar que se aprobó la propuesta de eximenta de responsabilidad penal y se rechazaron una serie de elementos como la prohibición de usar la fuerza con personas ya detenidas.
Asimismo se fijó que estará justificado el uso del arma (definida como letal y potencialmente letal) en la protección de infraestructura crítica, de la integridad física del efectivo, o de terceras personas.
No obstante, el triunfo momentáneo de la oposición y los aplausos que vinieron tras la aprobación, sin duda inician una disputa que va más allá de quién usa la fuerza, si no de quién juzga su uso.
