Luego de una maratónica jornada, tras sesionar en dos ocasiones hasta pasada las 20 horas, la comisión de Constitución del Senado discutió todas las indicaciones y despachó a la Sala el proyecto de la Ley Antiterrorista.
La legislación que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la legislación vigente sobre la materia, quedó lista para votarse en Sala este jueves a las 16:00 horas.
Desde el Ejecutivo se manifestaron “satisfechos”, según la ministra del Interior Carolina Tohá –quien participó de la discusión–, ya que la nueva ley responde a las necesidades de hoy, y recoge experiencia de legislaciones comparada.
La jefa de gabinete también “valoró enormemente” el trabajo realizado por la comisión.
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Los principales nudos de la discusión se centraron, por un lado, en la descripción del delito terrorista y la necesidad que lo cometa una asociación terrorista, y por el otro, en la figura del llamado “lobo solitario”, cuando el delito es cometido individualmente.
Respecto a este último punto, el mismo fiscal nacional Ángel Valencia, quien asistió a parte de la segunda sesión, resaltó la importancia de contar con la figura del “lobo solitario”, considerando la realidad delictual chilena.
Tras discutir el tema, la comisión mantuvo dicha figura con 4 votos a favor y uno en contra.
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseguró que el delito debe revestir de ciertas características. En la comisión se puso como ejemplo el envío de bombas a exautoridades.
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Sobre la organización terrorista, el proyecto sanciona tanto el hecho de existir una asociación de este tipo, como a quienes cometen delitos como parte de la organización.
El presidente de la Cámara Alta, el senador RN José García Ruminot, señaló que se ha dado “un paso muy importante”, sobre todo considerando el reciente atentado contra tres Carabineros en Cañete.
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Otro tema que causó discusión fue la posibilidad de obtener sobreseimiento definitivo en caso de cooperación eficaz con la investigación, excluyéndose lo delitos más graves de nuestro ordenamiento.
La comisión también aprobó el aumento de las sanciones para los funcionarios públicos que cometan delitos terroristas en el desempeño de su cargo.
Una de las innovaciones del proyecto es que la ley permite a la Fiscalía solicitar el traslado de causas en casos especiales de alta complejidad, previa autorización del pleno de la Corte Suprema.