Diversas opiniones generó la decisión del Gobierno al confirmar la continuidad del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pese la formalización en su contra.
Recordemos que el “criterio Tohá” establece que si un funcionario de Gobierno, o de instituciones dependientes de la Presidencia, se enfrenta a un proceso de formalización, tendrá que dejar su cargo.
En este caso, desde La Moneda se justificó que -en este momento- “no es oportuno tener cambios en el mando”. Esto recae en el contexto del triple homicidio de tres funcionarios policiales en Cañete, región del Bío Bío.
La excepción del “criterio Tohá” para el general Yáñez
Para la diputada Camila Musante, independiente PPD, es pertinente que el mandamás de Carabineros continúe “sin renunciar anticipadamente a su cargo, pues sólo la justicia podrá determinar eventuales responsabilidades que afecten al actual director general de Carabineros de Chile”.
En tanto, desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Melo aseguró que teniendo en cuenta el contexto complejo y excepciones “sólo queda respaldar la decisión del Gobierno y de la ministra actual (Tohá)”.
Por otro lado, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que “él, en tanto está siendo observado por temas de marca mayor como son los temas de derechos humanos en Chile, eso no se puede relativizar, debiera ser quien tomara la opción en beneficio de su propia institución”.
El criterio que “murió antes de nacer”
Para el analista político Marcelo Morales, “el denominado ‘criterio Tohá’ murió antes de nacer, considerando que la primera autoridad que iba a ser objeto de ese criterio era el general Ricardo Yáñez”.
A la vez, el también académico universitario aseguró que esta decisión del Gobierno “claramente es una señal política” porque “la institución de Carabineros estaba particularmente golpeada” y “sacar al general Yáñez en este contexto implicaba prácticamente un doble daño a la institución”.
Y, el no aplicar el “criterio Tohá”, “pasa por no confrontarse frente a una institución que, según la última encuesta Cadem, registra un nivel de confianza o de aprobación, más bien dicho, del 85%”.
En tanto, para el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, “el Gobierno lo que ha hecho es actuar con pragmatismo y con cierta prudencia para no profundizar la crisis de seguridad”.
“Lo que vemos más bien es una es una acción política de parte del gobierno y que implica ser un balance de problemas. Es decir, la decisión va a tener algunos costos internos, pero el Gobierno evalúa que esos costos son menores que la señal de normalización institucional”, agregó.
La decisión de postergar la formalización
En tanto, la decisión del Ministerio Público al solicitar postergar la formalización del general director de Carabineros también ha sido motivo de críticas y análisis. Esto, principalmente desde el PC.
Sobre eso, la diputada Carmen Hertz (PC) dijo que es “una vergüenza esta decisión”, pues “hace cinco meses que se anunció la audiencia” y, a su juicio, la decisión es “darle el gusto a un sector político”.
En la misma línea, la diputada Alejandra Placencia dijo que acceder a esa petición de la defensa, “cuando además ya habían decidido rechazar esa solicitud anteriormente (…) a mí me parece que al menos es cuestionable”.
Por último, la diputada Lorena Pizarro expresó que “cuesta creer el nivel de descaro para perpetuar la impunidad en un país herido por la falta de justicia” y “esto es burlarse de todo un país”.
Sobre eso, para el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, la situación “es tan crítica” y “naturalmente que hay una presión de contexto”.
“No me cabe la menor duda que el general Yáñez sería formalizado este mismo viernes el viernes 7, en caso de que no se hubiese producido los atentados en la zona de Cañete”, dijo.
Por lo que “es una cuestión muy circunstancial, pero que al mismo tiempo devela la importancia y la tendencia que tiene el general Yáñez en la institución. Muy probablemente un general que no tuviese la misma popularidad dentro de la tropa, no habría recibido el mismo trato tanto por parte del Gobierno como por parte de la Fiscalía”.
Finalmente, para el analista Marco Moreno, “no parece razonable establecer que hay una intromisión de parte del Gobierno en esa decisión”.
“Con todo, es importante señalar que el Ministerio Público toma sus decisiones y el Ejecutivo las propias, que pueden haber coincidido en este minuto por la situación compleja de seguridad que tiene el país (…) es circunstancial, pero de ahí a suponer que hay algo deliberado, yo lo veo más difícil”, cerró.