El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reprogramó la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para el próximo 1 de octubre.
Cabe recordar que la causa en contra del timonel de la policía uniformada es por su presunta responsabilidad de mando durante el estallido social de 2019.
Si bien el general ingresó diversos recursos para suspender su formalización, que estaba fijada para el 7 de mayo en primera instancia, la justicia no acogió ninguna de sus reclamaciones.
Sin embargo, tras el asesinato de tres carabineros en la región del Bío Bío el pasado viernes, el fiscal Xavier Armendáriz solicitó aplazar la fecha.
De acuerdo al escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía, esta petición se basa en “la necesidad de contar con más tiempo para el análisis de los nuevos antecedentes de la investigación”.
Se debe precisar que el tribunal también reprogramó las audiencias de los exgenerales Mario Rozas y Diego Olate.
“El Ministerio Público no ha obrado con la autonomía”
Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper sostuvo que “me parece que esto es un ejercicio legítimo de los poderes del Estado y, en lo que a mí respecta, siempre abogamos porque en mitad del combate (…) no era razonable cambiar el capitán perfecto”.
En tanto, para el diputado Cristián Labbé (UDI) la decisión es “sabia”, pues “el director general de Carabineros representa toda la institución, es la mayor alta autoridad de la institución y creo que hoy en día nos tenemos que enfocar en lo importante que es la delincuencia”.
“Creo que el Ministerio ha tomado una buena decisión, acertada, y esperamos que el director general de Carabineros se pueda 100% enfocar a lo que es el control y el orden de la seguridad interior”, agregó.
En tanto, desde el Partido Comunista, el diputado Matías Ramírez acusó que “hay una consideración política en postergar la formalización” y “acá el Ministerio Público no ha obrado con la autonomía suficiente (…) y eso es un franco retroceso en justicia y verdad, particularmente ante las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la revuelta popular”.
Finalmente, el parlamentario sostuvo que “evidentemente la situación ocurrida en Cañete durante el fin de semana generó una presión indebida en el Ministerio público de distintos sectores políticos, particularmente de la UDI y de Renovación Nacional”.
“Creo que el Ministerio Público sucumbió ante eso y es evidente, en ese caso, la pérdida de autonomía en su decisión”, cerró.