22 imputados y 6 fundaciones investigadas en menos de un año, sumado a una contundente cifra: más de 3 mil millones de pesos presuntamente defraudados en las causas del caso Convenios, son los datos revelados por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en la cuenta pública 2023 del Ministerio Público, que dan cuenta del trabajo efectuado por la Unidad Anticorrupción de la institución.
A la rendición de cuentas de la Fiscalía asistieron el presidente de la República, Gabriel Boric; la ministra del Interior, Carolina Tohá; y diversas autoridades tanto del ámbito político como de las policías.
Ángel Valencia señaló, además, que se tiene previsto para este año ejecutar el denominado “Plan de Fortalecimiento de la Persecución Penal en Materia de Corrupción Municipal y Gobiernos Regionales 2024”.
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En el balance anual del Ministerio Público, se entregaron cifras en relación a imputados por homicidios desde que se encuentran en operación los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, conocidos como ECOH.
Con 70 persecutores preferentes a nivel nacional y la participación en 365 casos de homicidios y secuestros en el país hasta marzo, estas unidades especializadas han logrado aumentar en un 60,5% la tasa de imputados formalizados por homicidios consumados asociados a crimen organizado, y en un 107% los de secuestros.
Valencia reiteró la preocupación por la actual situación de los penales en el país, apuntando a que debe existir un esquema como el italiano, donde hay un estricto sistema de segregación y “cárcel dura” para los reos vinculados a bandas organizadas.
Ante esto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que se requiere una nueva normativa para darle más atribuciones legales a Gendarmería.
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En la cuenta pública del Ministerio Público se informó que durante este año se aumentará la dotación de fiscales, con la contratación de 205 persecutores, quedando 976 a nivel nacional.