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Desde el ojo experto, la negociación al interior de la Cámara de Diputadas y Diputados es parte de las conductas propias de un ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Por lo tanto, la denuncia por cohecho contra Elizalde no tendría sustento jurídico.
Como un “absurdo jurídico” calificó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, la denuncia en su contra por el delito de cohecho que fue presentada por un abogado militante del Partido Republicano.
En la acción judicial, el jurista Raimundo Palamara -quien también fue candidato a la Convención Constitucional- acusó al secretario de Estado de “ofrecer” la vicepresidencia de la Cámara al diputado Gaspar Rivas.
Lo anterior nació luego de los mismos dichos del parlamentario -expulsado del PDG- quien, en conversación con T13, confirmó la propuesta del puesto en la testera. Aún así, durante la misma tarde, se desdijo
“En ningún caso ha habido un ofrecimiento de parte del ministro Elizalde”, comentó, agregando que “no se puede crear, inventar u ofrecer lo que ya está contenido en un acuerdo”.
Expertos sepultan denuncia de cohecho contra ministro Elizalde
Según dijo abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Usach, Felipe Lizama, “el cohecho supone la obtención de un beneficio económico, es decir, que una persona reciba una prebenda o una dádiva”.
En este caso, dijo, “hubo una negociación para poder acceder a un cargo en una Corporación (…) yo creo que no se divisa que exista un delito de esa naturaleza porque faltan elementos del tipo penal”.
Por lo que, a su juicio, la denuncia “es radicalmente incompatible, porque lo propio de la función de un ministro de esa naturaleza es negociar con el Parlamento”.
“Este es uno de los típicos casos en política en que, por no compartir la forma en que se arribó una decisión (…) colegimos de eso automáticamente que es ilegal. Esa es una costumbre política muy arraigada y muy chilena”, complementó.
“Lo que no me gusta o es ilegal, es inconstitucional o es delito. La política no es eso”, cerró Lizama.
“Las conductas que él realiza son propias del cargo”
Por su parte, el profesor de derecho penal de la Universidad Finis Terrae, Jorge Fiol, aseguró que la acción judicial “no tiene o no reviste los elementos de la conducta típica escrita por el legislador”.
En ese sentido explicó que “el cohecho activo es el que el particular le ofrece a un funcionario público un beneficio económico, o de otra naturaleza, para realizar una actividad con infracción”.
“En cambio, el cohecho pasivo es cuando el funcionario público le exige al particular un beneficio económico de otra naturaleza para ejecutar actos con infracción”, sostuvo.
En este caso, afirmó, “no se satisface con los elementos de la conducta típica del cohecho (…) por más que haya habido un ofrecimiento, entendemos que no constituye de alguna manera una infracción de deberes“.
En la misma línea, el docente de la Facultad de Derecho de la UDD, Humberto Alarcón, dijo que “hay que tener en consideración que las conductas que él realiza son más bien propias del cargo que éste tiene como ministro articulador de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo”.
Igualmente, comentó Alarcon, el secretario de Estado “participa, por cierto, en todas las negociaciones que se producen al interior de un órgano colegiado como es el Congreso Nacional”.
Por último, Fernando Londoño, penalista, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, indicó que el cuestionamiento a la actuación de Elizalde “no significa que los hechos, así como los conocemos, sean constitutivos de cohecho. Una denuncia en esos términos no tiene ninguna base legal”.
“Puede haber buenas y malas negociaciones políticas, negociaciones torpes incluso, pero deben valorarse políticamente. No puede verse de ninguna manera un delito de cohecho. No tiene ningún sustento legal y ver lo contrario nos pondría en un escenario delicado, hasta el punto del absurdo”, agregó.
