Esta semana comenzaron los alegatos de clausura en el juicio por lavado de activos, contra el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien ejerció este cargo entre los años 2010 y 2014. Y también su esposa Anita Pinochet, quien también está siendo acusada de estos delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía Centro Norte pide 15 años de cárcel para Fuente-Alba y 10 años para Pinochet, su esposa, debido a que ambos utilizaban dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército para su uso personal.

Esto habría sido totalmente contra lo que estipula la ley y las normas del Ejército.

Según la investigación del Ministerio Público, los acusados hicieron 635 movimientos de depósitos en efectivo y pagos de tarjeta en efectivo, en 1265 días bancarios.

Esto quiere decir casi la mitad del plazo que se investigó. Se habrían realizado movimientos en efectivo. Ya sea en depósitos o también en pagos a través de tarjetas en efectivo.

Excomandante en jefe del Ejército y su esposa

El fiscal centro norte, José Morales, entregó los detalles de los avances que hubo durante esta segunda jornada de alegatos de clausura, como las diversas formas en las que habían obtenido estos dineros de los fondos reservados, tanto Fuente-Alba como su esposa”.

Morales dijo que “el día de hoy, la Fiscalía ha señalado todo lo que tiene que ver con las apropiaciones directas que hizo el excomandante en jefe del Ejército, respecto a los gastos reservados, tanto para su beneficio personal, gastos para los efectos de los viajes de su cónyuge, etc.”.

“Si uno saca la cuenta de la cantidad de operaciones que se realizaron en efectivo, uno se da cuenta de que esta persona fue cada dos días al banco. Lo cual obviamente es algo absolutamente inusual”, indicó el persecutor.

Ya van dos días de alegato de juicio oral. Esto es la última parte del procedimiento judicial del juicio oral, es decir, los alegatos de clausura, en donde cada una de las partes realiza una síntesis de lo que se vio durante la extensa investigación y posterior juicio oral.

En los alegatos, el Ministerio Público, los querellantes, ente ellos el Consejo de Defensa del Estado y también los defensores, pueden hacer sus últimos alegatos para convencer a los magistrados y magistradas de que si son o no culpables los acusados de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.