El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al llamado “Criterio Tohá” y aseguró que todo funcionario que esté en posición directiva en la administración pública, y se vea enfrentado a una formalización, debe apartarse de su cargo.
La aclaración del ministro se da a raíz de los diferentes funcionarios del Ejecutivo, y dependientes del Gobierno central, que están enfrentando o pronto enfrentarán a la justicia. Este es el caso, por ejemplo, del asesor presidencial Miguel Crispi o el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez.
“Cualquier autoridad que está en la administración en una posición directiva, que enfrenta una formalización por delitos funcionarios, tiene que apartarse de su cargo”, dijo el secretario de Estado.
No obstante, aseguró que la aseveración anterior se debe “esencialmente” porque el énfasis central de aquel funcionario que esté formalizado “no va a ser la gestión directa, sino que su defensa, que es por cierto, una situación completamente legítima”.
En cuanto a la suspicacia respecto de la posibilidad de formalizaciones para “eliminar rivales políticos” utilizando el “Criterio Tohá”, el jefe de Justicia destacó la autonomía del Ministerio Público y descartó cualquier sospecha.
“Nosotros tenemos un Ministerio Público autónomo que tiene antecedentes de actuar con rigurosidad y que además está llevando a cabo una labor con independencia”, dijo Luis Cordero.
Agregó que en un sistema institucional, “el funcionamiento independiente de las instituciones es clave para la sanidad” de la democracia.
En cuanto a la situación que viven diferentes alcaldes, cuyas administraciones están bajo la lupa de la justicia como Daniela Peñaloza (UDI) en Las Condes, o Daniel Jadue (PC) en Recoleta, aseguró que se debe a un problema estructural.
Luis Cordero reconoció que donde más se ven situaciones de incumplimiento de reglas, que terminan siendo delitos, es en los municipios.
“Eso tiene que ver, en parte porque tienen un régimen flexible de control, en parte porque tienen asimetrías muy severas en capacidad institucional en su interior”, comentó el ministro Cordero.
El titular de Justicia agregó que “tenemos prácticas reñidas con la ley por parte de un grupo de alcaldes o alcaldesas, pero también tenemos un problema muy estructural en la capacidad de control preventivo por parte de los municipios”.