La bancada de Renovación Nacional, encabezada por la diputada Ximena Ossandón y su par Hugo Rey, manifestaron preocupación y algunas precisiones respecto del denominado “criterio Tohá”.
Recordemos que este último establece que si un funcionario público enfrenta un proceso de formalización, debería dejar su cargo. Por ejemplo, lo que pasó con el -ahora- exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.
Sobre eso, los diputados RN enviaron una carta al presidente Gabriel Boric para manifestar su inquietud ante el posible impacto del “criterio Tohá” en la destitución de funcionarios, especialmente en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
En la misiva destacaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública, pero también enfatizaron la necesidad de respetar los derechos fundamentales, como la presunción de inocencia.
Además, destacaron que la formalización en sede penal es un acto garantista que no debe ser utilizado como justificación para destituir a funcionarios públicos sin un proceso justo y racional.
Igualmente, hicieron hincapié en la necesidad de aplicar cualquier criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones, reconociendo las particularidades de ciertos cargos, como el de general director de Carabineros.
Sin desmedro de aquello, los parlamentarios coinciden con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y con el propio Presidente “en relación con este estándar en tanto -entendemos- busca resguardar el respeto al principio de probidad de la función pública”.
Pese a lo anterior, hacen algunas precisiones para evitar un “ejercicio abusivo y ajeno al marco constitucional del mencionado criterio”, indican.
Apoyo al general director de Carabineros
Por otra parte, para los diputados de RN es fundamental que se reconozcan las particularidades de ciertos cargos, esto es de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros, cuyo llamado a retiro solamente puede tener lugar en los límites de lo dispuesto en la Constitución.
En este sentido, los parlamentarios agregan que “de ahí se desprenden dos particularidades de un cargo que, si bien demanda confianza por parte del jefe de Estado, guarda ciertas particularidades que tienen por objeto comprender que las Fuerzas Armadas no son servicios públicos como otros, expuestos a los vaivenes y al devenir de la política”.
“Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile si bien no son organismos autónomos y responden con obediencia al poder civil, poseen particularidades y una importancia institucional que demanda que en su caso los jefes de servicio sean llamados a retiro previo informe a ambas cámaras del Congreso Nacional, pero más importante aún, mediante decreto supremo fundado que debe ir a control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República”, complementan.
Asimismo, los diputados señalaron que un criterio político no debería determinar el fin de la carrera de altos mandos militares, enfatizando que la formalización judicial debe ser compatible con la presunción de inocencia y expresan dudas sobre cómo este criterio afectará los procesos en la Contraloría General de la República.
“Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el general Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva (…) sino porque además, independiente de nuestra interpretación de los hechos, lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el “criterio Tohá” tratándose del General Director de Carabineros”, indicaron.
Finalmente, los diputados RN reiteraron su apoyo a una doctrina institucional que promueva la probidad en los cargos de confianza, pero también anuncian que “utilizaran todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el general director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente”.