“Nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones”.
Con esas palabras, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá instaló un nuevo criterio en el Gobierno frente a funcionarios vinculados a hechos delictivos.
El ahora llamado “Criterio Tohá” generó diversas reacciones. La oposición criticó los dichos de la ministra del Interior y aseguró que no coincide con las prioridades del Presidente Boric.
En tanto, en el oficialismo respaldaron el criterio y aseguraron que es razonable y objetivo.
Tras la renuncia del director general de la PDI, Sergio Muñoz, han surgido cuestionamientos al criterio anunciado por la ministra del Interior, Carolina Tohá. Esta orden dicta que en caso de que algún funcionario del Gobierno llegue a ser formalizado por algún delito deberá dejar su cargo.
Por esto, el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, cuestionó el criterio y aseguró que no coincide con las decisiones del Presidente Gabriel Boric.
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Así también lo indicó el diputado de la UDI, Henry Leal, quien – además – tachó de “doble estándar” al Gobierno.
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Recordemos que continúan en sus cargos el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, que es investigado en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien aún no es llamado a declarar por las irregularidades en las Seremis de Vivienda.
En tanto, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, respaldó el criterio y aseguró que “permite medir con una misma vara” las diferentes situaciones en las instituciones.
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El 7 de mayo, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez -quien se ha mantenido en su cargo y cuenta con el respaldo del Gobierno- también será formalizado por eventuales omisiones cometidas respecto a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.