Durante este tarde de jueves, en este momento y por instrucción del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, se están desarrollando simultáneamente al menos cinco allanamientos en el marco del caso ProCultura.
Hasta el lugar llegó el persecutor, quien se encuentra a cargo de la investigación en el contexto de una de las aristas del Caso Convenios. Además, se estarían realizando también diligencias en algunos domicilios de personas vinculadas a esta fundación.
El primero en la Gobernación del Ñuble, dirigida por Óscar Crisóstomo. Según fuentes de Radio Bío Bío, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana está en el lugar.
Igualmente, la Bridec de Concepción está allanando oficinas de una empresa que tiene dos sociedades: Servicios Turísticos Esquerré y Turismo Esquerré.
Falta de transparencia en convenio superior a $260 millones entre Gore Ñuble y ProCultura
Fue a través de un informe que la Contraloría General de la República reveló faltas de transparencia en el Gobierno Regional de Ñuble. Esto, específicamente, en el proceso de asignación directa de un convenio por más de $260 millones con la Fundación Procultura.
En concreto, las irregularidades se detectaron en la asignación directa del Gobierno Regional de Ñuble a la organización por el convenio “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, por un monto total de $268 millones.
Según indica el documento, la iniciativa presentada por la Fundación Procultura fue formulada y postulada a solicitud del GORE de Ñuble y no como una iniciativa propia de la fundación, por lo mismo no se sustenta ni justifica la asignación directa de los recursos.
Además, se determinó que la División de Fomento e Industria formuló, patrocinó, evaluó y supervisó la iniciativa, situación que representa una concentración de funciones, lo que se suma a que Ñuble no disponía de una Unidad Regional de Asuntos Internacionales.
A las irregularidades se suma que ProCultura no presentó todos los antecedentes sobre los costos ni el presupuesto detallado según la norma de inversión pública.