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No es un delito habitual. Esta es la primera lectura del secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, opositor al régimen de Nicolás Maduro, quien fue sacado de un departamento en la comuna de Independencia el pasado miércoles.
Eran cerca de las 03:00 horas cuando cuatro sujetos, equipados con cascos y chalecos antibalas, llegaron hasta el inmueble ubicado en calle El Molino para perpetrar el delito.
Pero, ¿dónde está el exteniente refugiado en Chile? La ausencia de un llamado extorsivo, como ocurre en otros casos para pedir dinero a cambio de la víctima, ha ampliado el abanico de hipótesis en torno a esta desaparición.
“No son dos ni tres, son varias más”, señaló este viernes la ministra del Interior, Carolina Tohá. Sin embargo, las que más se repiten son una operación de agentes de inteligencia de Venezuela, la participación de bandas de crimen organizado de aquel país y, la más reciente, un autosecuestro.
El jefe del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, es quien lidera la investigación actualmente. Por tratarse de un proceso de carácter reservado, los detalles no abundan para hacerse una imagen más completa del secuestro.
De cualquier forma, dos ingredientes que deberán añadirse a esta preparación son cómo queda la relación entre Chile y Venezuela, que habían dado algunos pasos hacia adelante en los últimos meses, y qué modificaciones requiere el sistema de inteligencia nacional.
La cautela del Gobierno
La jornada del miércoles terminó en La Moneda con una reunión liderada por la ministra Tohá, en la que también estuvieron presentes Manuel Monsalve, Alberto Van Klaveren y Luis Cordero.
Tras ello, el subsecretario del Interior fue el encargado de confirmar el delito de secuestro, además de anunciar una alerta a Interpol y el reforzamiento de los controles fronterizos.
A la mañana siguiente, el Gobierno confirmó una querella y afirmó que ya se tenía “contacto en todos los niveles” con Venezuela. Incluso, se supo que Gabriel Boric interrumpió sus vacaciones para participar de un encuentro telemático con parte de su gabinete.
Desde la oposición plantearon diferentes medidas, como convocar nuevamente al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), adelantar el año legislativo una semana y citar de forma urgente a la ministra de Defensa, Maya Fernández, al Congreso.
Desde el Ejecutivo y sus partidos afines, por otra parte, ha primado la cautela y la búsqueda de respuestas por parte de la investigación del Ministerio Público.
“Ninguna tesis debe ser descartada, ni la de contrainteligencia, ni crimen organizado ni todas las que se barajan. Creo que los actores políticos tenemos que ser muy cautos en las opiniones que podamos emitir, porque hay una investigación que está en curso”, señaló el diputado Jaime Sáez (RD), uno de los pocos representantes del Frente Amplio que se han referido al tema.
La prudencia del oficialismo fue valorada por Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, quien sostuvo que el Gobierno “lo ha hecho bien en cuanto a, efectivamente, buscar la forma de comunicarse lo más cuidadosamente”.
Esto fue compartido por Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile. “La primera reacción del presidente Boric, respecto de guardar cautela y darle la mayor atención posible, es el camino. Ahora, esto no admite mucha dilación y se necesita una indagación rápida y profunda”, dijo.
No obstante, independiente de la tesis que se compruebe, ambos advierten que las autoridades deberán dar explicaciones por la tardanza en reformular el sistema de inteligencia.
Relación con Venezuela tras el secuestro
Son conocidos los cruces que ha tenido Gabriel Boric con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Si bien el mandatario chileno ha pedido que se levanten las sanciones contra aquel país, también ha afirmado que “no se puede meter debajo de la alfombra” la crítica situación de derechos humanos.
Este tipo de emplazamientos incluso han motivado insultos por parte del gobierno venezolano. Por ejemplo, el diputado Diosdado Cabello, conocido como el número dos del chavismo, trató a Boric de “bobo” y “cachorrito” en 2022 por un discurso que pronunció en la ONU.
A pesar de ello, ambos países habían dado algunos pasos durante el último año para estrechar relaciones. El primero vino en mayo de 2023, cuando se nombró al exsenador Jaime Gazmuri (PS) como el primer embajador de los últimos cinco años.
Y ya en enero de 2024, el subsecretario Manuel Monsalve aterrizó en Caracas para firmar un acuerdo de siete puntos en materia de crimen organizado.
Sin embargo, ¿cómo cambiaría esto de comprobarse la hipótesis de una arremetida de la inteligencia venezolana en Chile?
“Por supuesto que esto quedaría en pausa si es que se comprueba la tesis, que tiene que comprobarse, de que el secuestro del exuniformado fue por parte de la inteligencia venezolana. Habría que mostrar más que un desagrado y que eso se note en la relación diplomática”, expresó Gilberto Aranda.
Más radical fue el diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien aseguró que “si se confirma la participación de agentes venezolanos en el secuestro, Chile debe romper todo tipo de relaciones y denunciar a la narcodictadura de Maduro en tribunales internacionales”.
Otro punto que destaca Samuel Fernández es que, aunque se verifique esta presunta participación, no es seguro que el círculo cercano a Maduro asuma su responsabilidad en este episodio.
“Si se llegara a descubrir, el recurso normal que hacen en estos casos es decir que los servicios de inteligencia han actuado por su cuenta, sin tomar en cuenta las órdenes del Gobierno. Esto no es creíble, pero es la disculpa que normalmente se hace”, explicó.
Por ahora, la única reacción del régimen provino de Diosdado Cabello, quien rechazó las acusaciones en medio de risas. “Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo?”, ironizó el parlamentario venezolano.
Reforma al sistema de inteligencia
Una de las aristas más discutidas sobre el secuestro del exteniente venezolano es si la inteligencia chilena está lo suficientemente preparada para hacer frente a situaciones de este tipo.
Nuestra norma, la Ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, fue promulgada en 2004 y creó la denominada Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). En ese sentido, durante las últimas dos décadas, no son pocas las voces que han pedido actualizar sus atribuciones.
El exjefe del Estado Mayor General del Ejército, John Griffiths, comentó a Ex-Ante que “la ley que salió no le daba amplias facultades a la ANI. Es solamente una agencia que hoy día procesa información de fuentes abiertas, porque tampoco tenía capacidades operativas, y está muy lejos de constituir un sistema de inteligencia nacional”.
Ante ello, se presentó un proyecto en 2018 para fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia en Chile, el cual fue despachado por el Senado en 2020 y todavía no ve la luz en la Cámara.
De acuerdo al diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), expresidente de la Comisión de Defensa, el Gobierno le pidió recabar la unanimidad en 2022 para ingresar indicaciones a la iniciativa. “Llegamos a enero de 2023 y recién ahí las presentaron. Lo principal era la figura de un zar de la inteligencia, pero el proyecto era tan malo que se dieron cuenta que no tenían ningún piso”, manifestó.
“El presidente Piñera también tiene responsabilidad, pero la oposición de la época no dejó que el proyecto avanzara y lo convirtió en un Frankenstein con las indicaciones. Por eso es que el Gobierno decidió presentar un nuevo proyecto, pero era peor que un Frankenstein”, agregó.
En resumidas cuentas, pidió un fortalecimiento de la ANI, una mayor coordinación entre los estamentos que componen la institucionalidad y aprovechar la aprobación de la ley de ciberseguridad a fines del año pasado.
Por su parte, Tomás De Rementería (PS), quien también integra la mesa de Defensa de la Cámara, aseveró a CNN Chile que “si mi gobierno no es capaz de sacar una ley de inteligencia en su período, yo lo voy a considerar un fracaso en esta materia”.
En conversación con el mismo medio, el ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió los plazos que se ha dado La Moneda y recordó que esta normativa era parte de las prioridades que acordó el Ejecutivo con el Congreso en su agenda de seguridad.
Asimismo, sostuvo que “no hay que subordinar la discusión” de una reforma al sistema de inteligencia a esta coyuntura en particular.
